El conjuez Pablo Márquez solicitó en los últimos días a la Corte Constitucional una prórroga y el acceso inmediato a las aclaraciones de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y del exmagistrado José Fernando Reyes con el fin de examinar los argumentos técnicos sobre la coexistencia de votaciones contradictorias y la ausencia de debate que mantienen en suspenso la Ley 2381 de 2024 antes de emitir su voto definitivo en la Sala Plena.

En una comunicación dirigida a la secretaria general de la Corte, Andrea Liliana Romero, Márquez requirió las copias de los textos donde Ibáñez y Reyes expusieron por qué, aunque apoyaron la suspensión de la norma, consideraron que los vicios de trámite tenían matices de gravedad superior.

“Solicito amablemente me puedan remitir copias de las aclaraciones de voto (…) o me informen el enlace a las mismas si ya están disponibles para su consulta pública”, escribió el conjuez, quien pidió cinco días adicionales para estudiar estos documentos una vez le sean entregados.

*Ibáñez: un vicio casi "insubsanable"*

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez advirtió en su escrito que el defecto en la Cámara de Representantes fue de tal gravedad que, en un primer análisis, "podría considerarse insubsanable".

Ibáñez señaló que la Plenaria no solo debatió de manera insuficiente, sino que "renunció a la labor de debatir", lo que constituyó una violación directa al artículo 157 de la Constitución.

Según el magistrado, la decisión de acoger el texto del Senado sin leerlo anuló el sistema bicameral y convirtió a la Cámara en un órgano sin autonomía.

"La supresión del debate en una de las cámaras no solo vulnera el procedimiento legislativo, sino que también afecta la legitimidad democrática", sentenció Ibáñez.

Aclaró que su voto para suspender y no tumbar la ley de inmediato obedeció exclusivamente a la aplicación del principio in dubio pro legislatoris (la duda a favor del legislador), otorgando una última oportunidad excepcional al Congreso.

*Reyes: El caos de la doble votación*

Por su parte, el exmagistrado José Fernando Reyes presentó una auditoría detallada que expuso una "coexistencia de votaciones" contradictorias.

Reyes documentó que el 14 de junio de 2024, a las 3:27 p. m., la Cámara aprobó un bloque de seis artículos (51, 62, 66, 68, 84 y 88), pero tres horas después, a las 6:25 p. m., votó nuevamente para acoger todo el texto del Senado, anulando implícitamente lo decidido minutos antes.

El exmagistrado calificó este hecho como una irregularidad insalvable, recordando que "una votación ya efectuada no puede suprimirse".

Para ilustrar el caos jurídico, el exmagistrado citó el caso del artículo 51 sobre la pensión de sobrevivientes: en la primera votación, la Cámara aprobó que el monto fuera del 100% de lo devengado por el fallecido; sin embargo, al acoger el texto del Senado en la segunda votación, ese monto se redujo al 75%.

"Tal modificación tiene tan alto impacto que permiten que (...) el monto de la pensión de sobrevivientes ascendía al 100% (...) mientras que en el texto aprobado por el Senado (...) correspondía como máximo a un 75%", detalló Reyes.

El conjuez Márquez también revisará el estudio estadístico con el que Reyes desmontó el argumento del Gobierno sobre la supuesta dilación de la oposición. Tras revisar 2.290 folios y 671 proposiciones, el exmagistrado concluyó que los partidos de Gobierno radicaron el 61% de las iniciativas (411 proposiciones), mientras que la oposición solo presentó el 13% (87 proposiciones).

"No se trató de una práctica irregular de los partidos de oposición", concluyó Reyes, señalando que la acusación de obstruccionismo perdió todo "fundamento fáctico" al comprobarse que fueron los propios aliados del Gobierno quienes más intervinieron en el trámite.

BOGOTÁ, (Colprensa).