Comunes hizo la advertencia ante la ONU y la comunidad internacional, y responsabilizó al Estado por lo que les pueda pasar a los excombatientes.

El partido Comunes denunció ante las Naciones Unidas y la comunidad internacional que el Gobierno Nacional modificó el esquema de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz sin una concertación previa, lo cual pone en riesgo sus vidas.

Según el partido, estas decisiones “debilitan de manera estructural las garantías de seguridad pactadas, vulneran el principio de confianza legítima y ponen en entredicho la voluntad real del Estado de cumplir lo acordado”.

Se trata de los Decretos 019 y 020 de 2026 que establecen la estructura interna y la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección que, según el partido político, “desmantelan en los hechos el carácter especializado de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, al absorberla dentro de la estructura general de la entidad.

“Esta decisión incrementa los riesgos para una población que enfrenta un contexto persistente de asesinatos, amenazas y persecución, y envía un mensaje de desprotección e incertidumbre”, agregó Comunes.

Incluso, señaló que estas decisiones unilaterales “ponen en riesgo directo la vida y la seguridad de quienes firmaron la paz en Colombia”, y responsabilizó al Estado por cualquier afectación a la vida, integridad y seguridad de los excombatientes.

La denuncia se conoce después de la polémica por el informe de la Contraloría General de la República en el que se advierten incumplimientos en la entrega de los bienes de las extintas Farc.

¿Qué dijeron los excombatientes sobre el informe de la Contraloría?

Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz del componente Comunes dijo que la extinta guerrilla sí cumplió con la entrega de bienes “en un proceso transparente” y auditado por las Naciones Unidas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Cada proceso se realizó de manera clara”, señaló.

Y agregó que “esta es una estigmatización”, por lo que es necesario explicar la situación.

En cuanto a los inconvenientes presentados durante la entrega de bienes, explicó que, al dirigirse al territorio, los firmantes fueron víctimas de la violencia por parte de grupos armados ilegales.

“Empezaron a asesinarnos, a llevarse las cosas, y llegamos a un momento en el que no pudimos volver al territorio. Nosotros tenemos que entender que se dieron unas situaciones muy complejas, pero que hubo de parte nuestra toda la disposición y cumplimos con lo que correspondía”, dijo.

Finalmente, aclaró que “no hay más bienes para entregar”.