La mesa directiva del Senado de la República convocó a sesiones plenarias extraordinarias para adelantar el debate a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Nacional.

La cita se llevará a cabo el próximo martes 27 de enero sobre las 10 de la mañana en modalidad mixta, sumado a que deberán asistir todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes firmaron el decreto para su aplicación.

Para esta discusión, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, insistió al presidente del Senado, Lidio García, la importancia de citar a esta sesión de control político al decreto de emergencia económica.

Según Motoa, la ley determina que esta citación se debía hacerse antes del 31 de enero de 2026 para evitar el vencimiento de la realización de este control político y así pedir las debidas explicaciones al gobierno Petro sobre esta medida ordenada.

Esta decisión se toma en medio de los múltiples cuestionamientos que le han hecho al gobierno nacional frente a esta medida, en la que aseguran los 32 gobernadores del país que la aplicación de los impuestos contenidos en el decreto afectaría gravemente las finanzas de la región.

Incluso, se realizó una reunión entre los mandatarios regionales y el gobierno nacional, pero aun sin acuerdos se mantiene la posibilidad de no aplicar los impuestos a los licores y cigarrillos ante los problemas financieros que generaría en la atención en salud y educación.

Desde el gobierno han insistido en que los acoge la ley en la importancia de recoger más recursos para el estado ante el desbordado gasto estatal y de esa forma evitar un colapso financiero que afectaría todo el país.

Aun así, además del Congreso de la República, también se está a la expectativa sobre la posibilidad de un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre si este decreto del gobierno nacional es acorde a la ley.

Es tal la batalla jurídica que los mandatarios regionales no descartan ir hasta el Alto Tribunal y aplicar la excepción de inconstitucionalidad, herramienta por la cual los servidores públicos pueden no aplicar una norma al determinar que vulnera abiertamente la constitución.

Bogotá (Colprensa).