El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles una medida económica de fuerte impacto: a partir del 1° de febrero, Quito aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando la falta de reciprocidad en la cooperación para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en la extensa frontera compartida entre ambos países.

Según el jefe de Estado ecuatoriano, este gravamen temporal se mantendrá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”. La posición del Gobierno se produce, afirmó Noboa, en un contexto en el que —pese a los “esfuerzos reales de cooperación con Colombia”— las fuerzas armadas ecuatorianas han tenido que enfrentar por su cuenta a grupos criminales transfronterizos vinculados al narcotráfico.

En su declaración, el presidente subrayó que “mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”.

Déficit Comercial

El anuncio se da en un momento en el que la relación comercial bilateral ha mostrado un déficit persistente para Ecuador frente a Colombia. Según datos oficiales del comercio exterior, las importaciones de bienes ecuatorianos desde Colombia alcanzaron aproximadamente US $2.16 mil millones en 2024, mientras que las importaciones colombianas desde Ecuador fueron cerca de US $802 millones, lo que deja una balanza claramente desfavorable para Quito.

Ese desequilibrio no es nuevo: en 2024 la relación entre exportaciones de Ecuador hacia Colombia y sus importaciones de ese país fue de apenas 0,38 veces, lo que significa que Ecuador compra más del doble de bienes colombianos de lo que vende. El déficit comercial con Colombia, que se ha mantenido en niveles elevados durante los últimos años, representa según analistas una de las principales asimetrías económicas dentro de la dinámica comercial andina.

La decisión ecuatoriana podría intensificar las tensiones entre Quito y Bogotá, que ya han tenido episodios de roce diplomático en el pasado reciente. Aunque los dos países integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y mantienen una larga relación histórica y económica, la frontera compartida —que supera los 600 km— ha sido escenario de retos en seguridad debido a la presencia de grupos armados y redes de narcotráfico con operaciones transnacionales.

El Gobierno ecuatoriano ha insistido en que la medida no es un castigo económico, sino una herramienta de presión para lograr un enfoque conjunto en materia de seguridad. Sin embargo, sectores empresariales de ambas naciones podrían ver impactos en la logística comercial y las cadenas de suministro si los aranceles no son levantados o renegociados en el corto plazo.