La Federación de Transportadores de Carga advirtió que la disminución podría generar un desequilibrio en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El diésel es el principal combustible utilizado por el transporte de carga, un sector clave para la movilidad de mercancías en el país.

La Fedetranscarga, gremio que representa a los transportadores de carga en Colombia, manifestó su profunda preocupación ante la perspectiva de un eventual alza en el precio del diésel (ACPM), un combustible clave para la operación de la mayoría de camiones y vehículos pesados en el país.

Según el sector, la reciente reducción en el precio de la gasolina, anunciada por el Gobierno, podría desbalancear el mecanismo de subsidios vigente y terminar afectando el costo del diésel, que hasta ahora ha permanecido más estable.

El gremio advierte que el mantenimiento del precio del diésel en periodos recientes se ha logrado en parte gracias a excedentes generados por el precio de la gasolina, cuya cotización se ha mantenido más alta.

Con la bajada reciente de los combustibles, esos excedentes se estarían reduciendo y el Gobierno podría verse forzado a trasladar ese desbalance al ACPM, lo que implicaría mayores costos para los transportadores.

El dirigente gremial sostuvo que el transporte de carga mueve cerca del 96 % de la mercancía en Colombia, por lo que cualquier variación en el precio del diésel repercute directamente en los costos logísticos, el costo de los fletes y la competitividad de sectores como la industria y la agricultura.

Este llamado se da en un contexto en el que el Gobierno nacional ha venido ajustando la política de subsidios al diésel a través de normas como el Decreto 1428 de 2025, que establece un mecanismo diferencial en el precio del ACPM para ciertos vehículos, excluyendo del ajuste a transportadores de carga y de pasajeros, así como a vehículos de servicio público, con el objetivo de proteger estos sectores estratégicos de la economía.

El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda han explicado que esta política busca eliminar distorsiones en el uso de subsidios, destinándolos a los sectores que cumplen una función social esencial y reduciendo la presión fiscal sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

La intención es evitar que vehículos particulares y oficiales que no cumplen funciones clave se beneficien de subsidios que generan altos costos para el erario público.

Aunque el transporte de carga ha quedado exento de los ajustes inmediatos al precio del diésel, la preocupación del gremio persiste.

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Los transportadores señalan que, de trasladarse a este combustible la presión fiscal resultante de una gasolina más barata, se generaría un impacto en los costos operativos del sector, con posibles efectos en la cadena de suministro y en los precios de bienes y servicios en general.