La representante a la Cámara, Katerin Miranda , confirmó la apertura de una investigación previa por el contrato de 10 mil millones de pesos con el que el Gobierno busca financiar la defensa del presidente Gustavo Petro

La representante a la Cámara, Katerin Miranda, confirmó que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por el contrato de 10 mil millones de pesos con el que el Gobierno Nacional pretende financiar la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro ante autoridades extranjeras, en el marco de su inclusión en la denominada Lista Clinton.

Según Miranda, este tipo de gastos con recursos públicos son inaceptables.

“Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa”, señaló la congresista.

¿Qué investiga la Procuraduría?

De acuerdo con la información conocida, la indagación previa busca establecer si hubo posibles irregularidades en la etapa de planeación y contratación del acuerdo suscrito el 9 de enero de 2026 entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la firma Amadeus Consultancy Limited.

El contrato, identificado preliminarmente como el número 001 de 2026, tenía como objeto prestar “servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional”, incluyendo análisis normativo, evaluación de riesgos institucionales y recomendaciones estratégicas, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026.

Entre los cuestionamientos planteados en la denuncia se encuentran:

Un posible detrimento patrimonial.

Presuntas violaciones a los principios de la contratación pública.

Uso de recursos públicos para defender intereses personales del presidente.

Ausencia de resultados verificables, indicadores de impacto o entregables con efectos jurídicos concretos.

Falta de justificación técnica sobre la urgencia de la contratación y la imposibilidad de usar capacidades institucionales.

No exigencia de garantías de cumplimiento, pese al alto valor del contrato.

La indagación previa tendrá una duración de seis meses y buscará identificar o individualizar al posible responsable disciplinario, conforme a lo establecido en la Ley 2094 de 2021.