La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación disciplinaria contra los dos considerado fiscales estrella del caso de corrupción que se originó en la Unidad de Gestión del Riesgo por las supuestas demoras injustificadas que permitieron en su momento que huyera del país Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), uno de los principales protagonistas de este escándalo.

Esta decisión fue adoptada en contra de María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas fiscales novena y once delegados ante la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

En el oficio de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se señala que esta investigación se origina por “presuntamente incurrir en mora injustificada y deliberada, en el proceso que adelantó contra el señor Carlos Ramón González Merchán, al haber retardado la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento y la gestión de la circular roja de Interpol, en el caso de corrupción de la UNGRD, aunque según consideró, existían elementos de juicio desde el 2024 que permitían adelantar el proceso penal. (…)”.

Como parte de las investigaciones se procederá a practicar las respectivas pruebas en eras de determinar si ambos funcionarios clave a cargo de esta macro-investigación podrían enfrentar algún tipo de sanción disciplinaria.

En contra de Carlos Ramón González, quien goza de asilo político en Nicaragua, pesa una orden de captura internacional que fue emitida por la Interpol.

¿Por qué fue llamado a juicio?
En el escrito de acusación, los fiscales delegados señalan a Carlos Ramón González como supuesto autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Según el fiscal delegado, se estableció que Carlos Ramón González supuestamente se reunió con Olmedo López en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño, y como director del Dapre, le ordenó al entonces director de la UNGRD que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República.

Sin embargo, la Fiscalía evidenció que en atención a la insistente exigencia de recursos por parte de Name y Calle, Carlos Ramón González le dio instrucciones a Olmedo López de entregarles, con el mismo fin, coimas en efectivo por 4.000 millones de pesos a ambos congresistas, hoy capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia.

“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos y a Calle Aguas una suma de mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la UNGRD que Olmedo López entregaría”, relató el fiscal Sandoval.

Así mismo, la Fiscalía reveló que Carlos Ramón González presuntamente intervino para que Olmedo López no fuera removido de su cargo como director de la UNGRD, pese a estar suspendido por la Contraloría, lo que se habría constituido en el pago por ayudarlo a gestionar los millonarios sobornos para los expresidentes del Congreso.

El fiscal delegado aseguró durante la imputación de cargos que Carlos Ramón González, era consciente y sabía que desplegar los comportamientos advertidos en el entramado de corrupción de gestión del Riesgo era indebido y por ello le era exigible no determinar a Olmedo López y Sandra Ortiz para la comisión de actuaciones ilegales.