La Procuraduría General de la Nación acaba de inhibirse para investigar a la defensora del Pueblo, Iris Marín, a propósito de una queja disciplinaria que radicó en su contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por cuenta de los cuestionamientos que hizo la funcionaria sobre un caso de presunta violencia intrafamiliar.

El caso se remonta a junio de 2024, cuando se conoció un episodio ocurrido en España donde Benedetti habría tenido una discusión con su esposa, Adelina Guerrero, que fue reportada como un caso de “violencia intrafamiliar”. Frente a esto la defensora hizo algunas declaraciones donde dijo, por ejemplo:

“Creo que no es una decisión conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer. Tener un funcionario que tiene estas acusaciones tan serias, no solo de violencia de género, sino también de corrupción. Si efectivamente es nombrado ministro, la Defensora del Pueblo articulará con el funcionario que esté a cargo, manteniendo su posición sobre su nombramiento”.

A propósito, el jefe de la cartera política acudió a la Procuraduría alegando que estaba siendo víctima de “ataques constantes contra su buen nombre, integridad moral y honra”, y que Marín había “transgredido fehacientemente sus derechos, realizando imputaciones fraudulentas e infundadas en su contra, de corrupción y violencia de género”.

LA RESPUESTA DE LA PROCURADURÍA

El Ministerio Público consideró que “no se advierte que se hubiere realizado la imputación falsa de una conducta delictiva, pues como se observa, las apreciaciones realizadas por la funcionaria se circunscribieron a hacer alusión a las acusaciones atribuidas al señor Armando Benedetti, a partir de las cuales, expresó su opinión en torno a la inconveniencia de su nombramiento como ministro del interior”.

La Procuraduría también señaló que no encuentra acreditados elementos que configuren injuria o calumnia, ya que Marín “no le atribuyó al señor Benedetti, una conducta ajena a las investigaciones en su contra”.

“Las circunstancias expuestas en la noticia disciplinaria, no resultan violatorias del derecho al buen nombre y a su honra, máxime teniendo en cuenta que, tratándose de servidores públicos, se ha reconocido que una de las obligaciones que implica el desempeño de su función conlleva la carga de soportar un mayor escrutinio de sus actividades personales y funcionales”, dice el documento.

Finalmente, la decisión concluye que “no se advierte una conducta con connotación disciplinaria que amerite iniciar la acción en este ámbito, al no existir fundamento para derivar de dicho comportamiento la incursión en la tipificación de las conductas de calumnia e injuria, ni el incumplimiento de deberes o extralimitación de funciones en el cargo que desempeña”.

En noviembre pasado la Fiscalía ya había archivado una denuncia penal del ministro por los mismos hechos.