El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá negó la medida cautelar solicitada por el exmagistrado Alejandro Linares para suspender de inmediato el decreto que fijó el aumento del salario mínimo, argumentando que no existe una urgencia manifiesta que obligue a congelar el incremento del 23 % mientras se estudia a fondo la acción de tutela interpuesta contra la Presidencia de la República.

El juez Sergio Maximiliano Chauta González resolvió no acceder a la petición de urgencia invocada dentro de la tutela, al determinar que el tiempo que tomará el despacho para proferir una sentencia definitiva no genera un daño mayor al accionante ni hace “más gravosa la situación” de quienes cuestionan la legalidad del ajuste salarial.

La acción judicial fue presentada por el abogado y exmagistrado Alejandro Linares Cantillo, en representación del ciudadano Alexander Donado Rondón, quienes demandaron a la Presidencia, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Hacienda con el objetivo de tumbar el decreto 1469 que estableció las condiciones económicas para 2026.

En su providencia del 9 de enero, el despacho explicó que la solicitud de medida provisional buscaba el mismo efecto que la pretensión principal de la tutela, por lo que decidió diferir la determinación hasta el fallo de primera instancia y concluyó que, en este momento procesal, no se cumplen “las exigencias legales” para frenar el acto administrativo de manera preventiva.

El juez Chauta González señaló que la negativa se basa en que, durante el término legal de diez días con los que cuenta para fallar, no se advierte un riesgo inminente que justifique la intervención inmediata, por lo que “no advirtiendo la urgencia y necesidad de decretar la medida provisional solicitada, no se accederá a la misma”.

El recurso legal atacaba el procedimiento mediante el cual el Gobierno decretó el alza, recordando que en la mesa de concertación instalada el 1 de diciembre de 2025 los sindicatos y pensionados “solicitaron un incremento del 16%”, cifra que terminó siendo superada por el 23 % que fijó el Ejecutivo ante la falta de acuerdo entre las partes.

/COLPRENSA