La tutela fue presentada por el exmagistrado Alejandro Linares, en representación de un comerciante y alega que el aumento del salario, que quedó fijado en 1.746.882 sin incluir el auxilio de transporte otorgado de ley, viola el debido proceso y afecta a los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales.

Las voces de descontento por el aumento del salario mínimo en el país ya llegaron a manos de la justicia. En las últimas horas, se conoció una tutela que pretende frenar esa decisión.

La tutela fue presentada por el exmagistrado Alejandro Linares, en representación de un comerciante y alega que el aumento del salario, que quedó fijado en 1.746.882 sin incluir el auxilio de transporte otorgado de ley, viola el debido proceso y afecta a los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales.

 “Es claro que el Gobierno Nacional invadió las competencias del Congreso, y en cualquier caso, creó una inconsistencia que deriva en una doble contabilización y pago del transporte a los trabajadores”, señala la tutela.

El exmagistrado argumentó también que con esa decisión el Gobierno desconoció las discusiones que se adelantaron en la mesa de concertación, al contrario, fundamentó su decisión en un criterio extralegal al que denominó como “salario vital”, basado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese sentido, el exmagistrado pidió que se haga un “control de límites al ejercicio arbitrario de la competencia reglada” y se tutele el derecho fundamental al debido proceso. Y que se suspenda de forma provisional el decreto mientras se estudia de fondo la tutela.

La acción de tutela fue presentada por Alexander Donato Rondón y cuenta con la representación jurídica de Linares Cantillo. En el escrito, los accionantes sostienen que los decretos 1469 y 1470 de 2025, mediante los cuales se fijaron el salario mínimo y el auxilio de transporte, vulneran derechos fundamentales y afectan la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como el empleo formal e informal.

Según el documento, el incremento se habría adoptado sin el debido proceso y sin la concertación tripartita prevista en la Constitución. La tutela solicita la suspensión provisional de los decretos mientras se evalúa su constitucionalidad y advierte que “parte del daño ya estaría consolidado en empleo, costos y cierres”.

El escrito señala que el aumento promedio del 23,7%, incluyendo el auxilio de transporte, es abrupto y no consideró los efectos sobre las MiPymes. “Los pequeños negocios tendrían que elegir entre reducir jornadas, eliminar empleos o incluso enfrentar la quiebra. No podrán sostener sus actuales estructuras de costos sin eliminar empleos o reducir jornadas”, indica la acción.

AL BORDE DE LA CRISIS

Los demandantes también advierten que en sectores altamente competitivos las empresas no podrían trasladar los costos adicionales a los consumidores. Además, sostienen que el impacto no sería homogéneo, ya que los trabajadores informales enfrentarían mayores barreras para acceder al empleo formal y mayores precios en bienes y servicios.

Desde el punto de vista fiscal, el documento advierte sobre un posible deterioro de la regla fiscal. Según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el aumento podría incrementar el déficit público en 5,3 billones de pesos en 2026 y en 8 billones a partir de 2027.

El escrito también cuestiona el uso del concepto de “salario vital”, introducido por el Gobierno con base en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que se superaron los límites normativos y se desdibujó el alcance de la concertación tripartita

/colprensa