La Defensoría del Pueblo emitió una severa exhortación a los servidores públicos del país para que respeten la verdad judicial establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el exterminio de la Unión Patriótica, un llamado que surgió como respuesta directa a la negativa de la senadora María Fernanda Cabal de rectificar sus declaraciones en las que desconoció la responsabilidad del Estado en dichos crímenes y calificó a las víctimas como un brazo político de la guerrilla.

La advertencia de la entidad defensora de los derechos humanos se produjo tras confirmar que la congresista del Centro Democrático desatendió una solicitud de rectificación interpuesta por la Corporación Reiniciar. Cabal, en declaraciones entregadas al medio La Silla Vacía en octubre pasado, negó lo que ya es una verdad procesal internacional: la participación de agentes estatales en la matanza sistemática de los militantes de izquierda.

“La Unión Patriótica fue el brazo político de las FARC y al ser el brazo político estaba avalando los crímenes, los secuestros y las desapariciones”, aseguró la senadora en dicha entrevista, donde insistió en que “jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP porque no es cierto”.

Frente a la petición de retractarse, Cabal respondió a través de una comunicación que, amparada en su libertad de expresión, no consideró “procedente acceder a la solicitud de rectificación formulada”, aunque reiteró su compromiso con la memoria de todas las víctimas.

Ante esta postura, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ejerció su magistratura moral para recordar que la libertad de expresión de los funcionarios tiene límites claros cuando se trata de hechos juzgados y probados. La funcionaria enfatizó que negar estos sucesos debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo el debate democrático.

La entidad recalcó que la Corte Constitucional estableció que quienes ejercen funciones públicas tienen una “responsabilidad reforzada” frente a la historia. Por tanto, deben “abstenerse de reproducir discursos que estigmaticen, deslegitimen o nieguen hechos históricamente acreditados”, especialmente cuando estos estuvieron asociados a graves violaciones de derechos humanos.

“La Defensoría hace un llamado enfático a toda la sociedad, pero especialmente a quienes tienen influencia en el debate público, a que se abstengan de realizar declaraciones que nieguen el exterminio de la UP, nieguen la responsabilidad del Estado o estigmaticen a sus integrantes”, puntualizó el organismo en su pronunciamiento.

El documento de la Defensoría citó apartados claves de la sentencia de la Corte IDH del 27 de julio de 2022, fallo que condenó al Estado colombiano. El tribunal internacional concluyó en su momento que la violencia contra este partido político no fue un hecho aislado, sino una estrategia donde la estigmatización jugó un rol letal.

Según el fallo, los discursos oficiales que calificaron a la UP como “enemigo interno” o “brazo armado” de la insurgencia influyeron en el imaginario público y facilitaron las acciones de violencia física. La Corte determinó que esa narrativa sirvió para “justificar la legitimidad de una acción contrainsurgente que fuera más allá de los combatientes”.

Marín Ortiz advirtió que el lenguaje importa y que Colombia ya experimentó las “consecuencias más graves” de usar las palabras para deshumanizar al opositor.

“La historia de la Unión Patriótica recuerda cada día que el lenguaje que deslegitima, acusa o deshumaniza a opositores por sus ideas crea condiciones propicias para la violencia, la exclusión y la persecución”, concluyó la Defensora.

/COLPRENSA