El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció la suspensión temporal del traslado de los máximos cabecillas de las bandas criminales a las cárceles de Barranquilla hasta asegurar una coordinación institucional plena y arremetió contra la gestión del alcalde Alejandro Char, a quien acusó de no haber logrado contener el desangre en la ciudad y le exigió explicar el destino de los millonarios recursos recaudados por el impuesto a la seguridad.

Idárraga respondió con dureza a los reclamos del mandatario local y desmintió que la decisión inicial de mover a alias 'Castor' y Digno Palomino se tratara de beneficios para los delincuentes. El alto funcionario enfatizó que "aquí no hay premios, hay resultados frente a una crisis" que la administración distrital no pudo controlar.

Según el ministro, las medidas adoptadas por el Gobierno, que incluyen una tregua pactada entre las estructuras ilegales, permitieron reducir un 57 % los homicidios y un 84 % la extorsión a finales de 2025.

El jefe de la cartera de Justicia confrontó las cifras de la Alcaldía con los datos de la Policía y señaló que el "desangre entre bandas" se desbordó bajo el mandato de Char. Idárraga recordó que 2024 cerró como el año más violento en dos décadas para la capital del Atlántico, con 487 homicidios, y subrayó que la extorsión ya registraba un aumento del 458 % entre 2021 y 2023, antes de la intervención del Gobierno central.

En uno de los puntos más críticos de su pronunciamiento, el ministro puso en duda la eficacia del gasto público en seguridad ejecutado por la administración local. Idárraga increpó al alcalde sobre el paradero de los 78.000 millones de pesos provenientes del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses y que controla la Alcaldía.

"Es casi la mitad del recaudo del departamento, y con esa plata, la ciudad llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años", sentenció el funcionario, quien insistió en que la pregunta "no admite discursos".

Ante la tensión política y administrativa, el Gobierno determinó frenar la operación penitenciaria. Idárraga confirmó que "por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido" y condicionó cualquier movimiento futuro a una articulación clara entre el INPEC, la Policía, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.

La fuerte reacción del Ministerio de Justicia se produjo horas después de que Alejandro Char calificara de "increíble" la orden de trasladar a 40 delincuentes, incluidos el 'Negro Ober', Digno Palomino y alias 'Castor', a centros de reclusión locales.

El alcalde había advertido que las cárceles de la ciudad no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias y responsabilizó al Gobierno del "mal manejo de la llamada Paz Urbana" ante la proximidad del Carnaval de Barranquilla. Char aseguró, además, que su administración invirtió más de 150.000 millones de pesos en seguridad con el esfuerzo de los contribuyentes.

A la disputa se sumó el presidente, Gustavo Petro, quien respaldó la gestión de su gabinete y recordó al alcalde que fue el Gobierno el que logró "bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad" a través del proceso de pacificación entre las bandas rivales.

El traslado, ahora en suspenso, había sido solicitado formalmente el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. El objetivo de la medida era sostener la tregua vigente entre 'Los Pepes' y 'Los Costeños', firmada el 2 de octubre de 2025 y que vence el próximo 20 de enero.

El Ministerio de Justicia reiteró que dicho cese de hostilidades "no es un cheque en blanco" y que los cabecillas deberán entregar resultados verificables en el desescalamiento de la violencia para mantener los diálogos.

/COLPRENSA