Tras el alto incremento del salario mínimo para 2026 en un 23%, el Ministerio de Vivienda busca que esto no afecte a quienes quieren comprar Vivienda de Interés Social (VIS).

Tras el alto incremento del salario mínimo para 2026 en un 23%, el Ministerio de Vivienda publicó un borrador de decreto para que el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) sea comercializada en pesos y no en salarios mínimos, para que no se afecten los compradores.

Y es que hoy en día, según explica Andrés Cardona, Vicepresidente de Transacciones y consultoría de CBRE Colombia, una persona que adquirió una vivienda en 2024 por un valor total de $174 millones podría ver cómo, por el efecto del aumento del salario mínimo —al que están indexados múltiples componentes del precio—, ese mismo inmueble pasa a costar cerca de $260 millones.

Eso afecta a quienes firmaron promesas de compraventa a ciertos salarios mínimos y tras el incremento aumenta por el alza del mínimo por lo cual la persona tendrá que buscar nuevos recursos para poder adquirir su vivienda.

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El borrador de decreto así lo señala. “Históricamente una parte relevante de los proyectos de vivienda de interés social ha sido comercializada mediante precios expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), trasladando al consumidor el riesgo derivado de incrementos anuales del salario mínimo que no necesariamente reflejan los costos reales de construcción, en tanto dichos costos se causan con anterioridad a la escrituración y entrega de las viviendas”.

Por tanto, el proyecto señala que “toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico destinado a la adquisición de Vivienda de Interés Social deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos el cual constituirá el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización.

Y agrega que “en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a la suscripción de la promesa de compraventa o del documento que haga sus veces”.

No obstante, pese a que parece ser una medida, expertos aseguran que este borrador de decreto pone en riesgo los negocios ya consolidados.