Margarita Guerra Zúñiga. Gobernadora del Departamento del Magdalena y Diana Celedón Sánchez, secretaria de Salud del Departamento.

El Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de Conocimiento del Distrito de Santa Marta, abrió incidente de desacato contra Diana Celedón Sánchez, secretaria de Salud Departamental del Magdalena y María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena, por no dar cumplimiento a un fallo de tutela.

Según el fallo proferido durante los últimos días, a pesar de lo dispuesto por la orden judicial, la Secretaria de Salud Departamental, no solo omitió responder en el plazo estipulado de 48 horas, sino que la gobernadora tampoco tomó las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

Lo anterior en virtud que Pedro Jimènez, presentó incidente de desacato ante el Juzgado, argumentando que habían transcurrido más de 48 horas sin que se registrara respuesta alguna en el expediente.                                                                                                                            

En respuesta, el Juzgado requirió a las autoridades involucradas, incluyendo a la gobernadora, para que cumplieran con la orden judicial en un plazo de dos días de acuerdo a los estipulado en el fallo de tutela.

Sin embargo, la falta de respuesta por parte de ambas autoridades evidenció una grave desatención a las órdenes judiciales y un incumplimiento de sus deberes.

ACTO DE FIRMEZA

Ante esta situación, el Juzgado decidió abrir formalmente el incidente de desacato. En un acto de firmeza, se ha requerido a la Secretaria de Salud y a la gobernadora que, en un plazo de dos días, aseguren el cumplimiento de la orden de tutela y que inicien el procedimiento disciplinario correspondiente contra los responsables.    

Además, se les ha solicitado que presenten la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de la decisión judicial. La decisión del Juzgado no solo resalta la importancia del respeto a las decisiones judiciales, sino que también pone de relieve la responsabilidad de las autoridades en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La omisión de respuesta no solo afecta al peticionario, sino que también genera un precedente preocupante sobre la eficacia y la colaboración de las instituciones públicas en el Magdalena.

Finalmente, la medida advierte que la falta de acción por parte de la Secretaría de Salud y la gobernadora podría dar lugar a sanciones severas, tal como lo estipulan los artículos 24 y 52 del Decreto 2591 de 1991, que regulan el desacato a las órdenes judiciales.