El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, ordenó que se investigue la conducta de la Juez Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá luego de que el Tribunal Superior anulara un fallo condenatorio por abuso sexual que la funcionaria sustentó utilizando inteligencia artificial de manera indebida y que resultó en la invención de leyes, citas bibliográficas y sentencias de las altas cortes que no existen en la realidad jurídica colombiana.

La decisión disciplinaria se originó tras conocerse el pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, fechado el 2 de diciembre del año en curso, el cual dejó sin efectos la condena de 198 meses de prisión que pesaba contra Luis Alberto Contreras Fandiño. Los magistrados evidenciaron que la juez de primera instancia incurrió en lo que técnicamente se denomina "alucinaciones" de la inteligencia artificial, al incluir en el texto judicial argumentos que parecían lógicos pero que eran completamente falsos.

El alto tribunal comprobó que la sentencia citaba providencias de la Corte Suprema de Justicia con radicados como el SP414-2023 o el SP1492-2022, documentos que al ser verificados en los archivos oficiales no aparecían o no correspondían al contenido mencionado. Asimismo, la funcionaria incluyó referencias a un supuesto libro titulado 'Derecho Procesal Penal Colombiano' del reconocido profesor Fernando Velásquez Velásquez, una obra que no figura en la bibliografía real del autor, además de transcribir erróneamente el artículo 211 del Código Penal con un texto ajeno a la norma vigente.

Aunque el caso trataba hechos de extrema gravedad relacionados con el delito de acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir agravado, cometido presuntamente contra Yolima González Pardo, una mujer en condición de discapacidad, el Tribunal concluyó que se vulneró el derecho a la defensa. La Sala Penal explicó que el procesado no podía ejercer su derecho a la contradicción de manera efectiva, pues resulta imposible defenderse de argumentos legales y jurisprudenciales que no existen en el ordenamiento jurídico.

El Tribunal advirtió con preocupación que la delegación irresponsable de la motivación de la sentencia a un sistema automatizado, sin la debida supervisión humana, provocó la nulidad de lo actuado desde el pasado 23 de octubre de 2025. Esta situación generó una alerta sobre el riesgo de que los delitos prescriban y el caso quede en la impunidad debido al paso del tiempo y a los múltiples aplazamientos que ha sufrido el proceso.

Ante estos hallazgos, el magistrado Rodríguez Tamayo, remitió la documentación pertinente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá este 11 de diciembre. En su comunicación, el magistrado solicitó que se proceda de manera inmediata al reparto para investigar la presunta falta disciplinaria en la que pudo incurrir la operadora judicial al interior del proceso radicado.

La Corporación enfatizó que, si bien el uso de herramientas tecnológicas está permitido para labores administrativas, la sustitución del razonamiento humano en la valoración de pruebas y la motivación de decisiones judiciales está prohibida. El despacho de origen deberá emitir una nueva decisión fundamentada en normas veraces, mientras la autoridad disciplinaria determinará las sanciones correspondientes para la jueza que delegó sus funciones constitucionales a una inteligencia artificial.

/Colprensa