Salvatore Mancuso respondió sobre la polémica por su amplio esquema de protección y aseguró que su protección es “cuatro veces menor a la que recibió el antiguo secretariado de las Farc” tras el acuerdo de Paz.

El exjefe paramilitar y hoy gestor de paz designado por el Gobierno, Salvatore Mancuso, reaccionó a la revelación de W Radio sobre la composición y los costos del esquema de seguridad que le fue otorgado por la Unidad Nacional de Protección. La información fue conocida a partir de una respuesta de la entidad a un derecho de petición.

De acuerdo con los documentos, el esquema asignado incluye ocho escoltas, tres vehículos blindados, un vehículo convencional y un chaleco de protección.

Tras la publicación, el sindicato Analtraseg afirmó que mantener un esquema de este tipo cuesta entre 190 y 200 millones de pesos mensuales. La cifra abrió un debate en redes sociales sobre los criterios de priorización de la UNP, los niveles de riesgo y los casos que logran acceder a medidas especiales de protección.

Mancuso aseguró que no tiene injerencia en el tipo de esquema asignado y que las medidas responden a evaluaciones técnicas: “El tipo y modelo de esquema de seguridad asignado a mi caso no obedece a preferencias personales, es el resultado de estudios técnicos de riesgo realizados por especialistas de la UNP”.

También defendió que la protección a su favor no constituye un privilegio sino una obligación estatal derivada del proceso de paz en el que participó: “La obligación del Estado de brindarme protección no es un privilegio ni un beneficio discrecional, es una garantía inherente a la desmovilización y nace de los compromisos que Colombia asumió en el marco de una negociación política de paz, además de encontrarse expresamente ordenada por las autoridades judiciales”.

El exjefe paramilitar subrayó que el esquema que le fue asignado es menor al que reciben otros exintegrantes de estructuras armadas que también afrontan riesgos especiales: “Protección que, vale subrayar, es cuatro veces menor que la otorgada a cualquier exintegrante del Secretariado de las Farc, pese a que los estudios de riesgo en mi caso arrojan un nivel extraordinario en cada evaluación sin excepción”.

Finalmente, insistió en que no se trata de un tratamiento especial y que todo está sustentado en decisiones judiciales y análisis técnicos: “En consecuencia, no existe trato excepcional, y ningún componente del esquema supera lo que está rigurosamente sustentado por estudios técnicos y por las obligaciones legales, judiciales y políticas que rigen al Estado colombiano. La protección a quienes aportamos verdad, reparación y construcción de paz es un deber institucional ineludible y una condición esencial para garantizar el cumplimiento real de los compromisos de paz”.