El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, alertó sobre el crecimiento de la minería ilegal en zonas críticas del departamento, incluyendo áreas del páramo de Santurbán, y denunció que un proyecto estratégico para fortalecer la seguridad metropolitana quedó bloqueado pese a cumplir con todos los requisitos técnicos.

Díaz aseguró que la expansión de esta actividad ilícita está generando presión ambiental, riesgos de orden público y la presencia de estructuras criminales. Mientras tanto, lamentó que una iniciativa diseñada para mejorar la capacidad de reacción y vigilancia en el área metropolitana no recibiera el visto bueno del Gobierno Nacional, después de más de año y medio de trámites.

Minería ilegal en Santurbán y otras zonas del departamento

El gobernador advirtió que existe actividad minera ilegal dentro del páramo de Santurbán, un ecosistema protegido y vital para el suministro de agua en Santander y Norte de Santander. Según explicó, la Gobernación ha elevado denuncias y ha exigido mayor acción interinstitucional para frenar la intervención de actores ilegales en esta zona.

“No puede haber minería en el páramo, ni legal ni ilegal”, reiteró Díaz, señalando que la presencia de maquinaria y explotación clandestina está siendo monitoreada, especialmente en límites con la provincia de Vélez. Subrayó que, en otras zonas del departamento, cualquier decisión sobre minería debe basarse exclusivamente en estudios técnicos y científicos que garanticen sostenibilidad ambiental.

El mandatario agregó que la minería ilegal no solo afecta el ecosistema, sino que incentiva economías criminales que requieren una respuesta estatal más contundente y tecnología moderna para su control.

Proyecto de seguridad quedó frenado pese a estar viabilizado

En paralelo al avance de la minería ilegal, el gobernador cuestionó que un proyecto estratégico para seguridad y gestión del riesgo —que incluía un robusto sistema de monitoreo, infraestructura tecnológica y mayor articulación operativa— no fuera aprobado por el Gobierno Nacional, a pesar de haber sido viabilizado, contar con los CDP listos y superar todas las revisiones técnicas.

El proyecto, diseñado para el área metropolitana de Bucaramanga, buscaba mejorar el control territorial, apoyar operaciones de vigilancia y facilitar la reacción ante emergencias y delitos de alto impacto. Díaz lo calificó como una herramienta fundamental para enfrentar amenazas como la minería ilegal, el tráfico de armas y la presencia de grupos criminales.

 “El mayor obstáculo ha sido la falta de articulación con el Gobierno Nacional”, indicó, al explicar que se trataba de una iniciativa por más de 50.000 millones de pesos, pensada para fortalecer capacidades operativas y tecnológicas en toda la región.

El mandatario aseguró que, aunque el proyecto quedó sin financiación tras 18 meses de trámites, explorará alternativas para desarrollarlo por fases, con recursos propios y cooperación institucional, para no frenar la estrategia de seguridad departamental.