Un juez de control de garantías ordenó el traslado a la cárcel de once personas señaladas de integrar una red delincuencial dedicada a planear y ejecutar actos de vandalismo y terrorismo en diferentes zonas de la capital del país entre marzo del año pasado y septiembre reciente.

La decisión judicial se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación presentó evidencias contundentes que vincularon a este grupo con una serie de ataques sistemáticos contra la infraestructura de la ciudad, el transporte público y las autoridades. Según la investigación, los procesados serían responsables de por lo menos 12 eventos delictivos que afectaron la tranquilidad de la ciudadanía durante el último año y medio.

El ente investigador estableció que la estructura operaba bajo la coordinación de dos hombres clave: Sneider Sebastián Cantor Cortés, conocido con el alias de 'Salvatore', y Juan Sebastián Manios Lozano, alias 'Tolima'. Estos dos sujetos asumieron el rol de principales coordinadores y eran los encargados de fabricar elementos peligrosos, específicamente bombas molotov y las conocidas 'papas bomba'. Además, definían los roles que debían cumplir los demás integrantes para transportar, lanzar o activar estos artefactos contra lugares concurridos y la Fuerza Pública.

El expediente reveló detalles inquietantes sobre el actuar de esta banda. Entre los hechos más graves atribuidos a la red figuró la incineración de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) el 25 de abril de 2024, vehículo que en ese momento transportaba a 12 pasajeros, lo que puso en riesgo la vida de los ocupantes.

Asimismo, las autoridades documentaron un ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional ocurrido el 15 de marzo de 2024, incidente que dejó herido a un uniformado. Días después, el 21 de marzo del mismo año, el grupo protagonizó la quema de una motocicleta al interior de una universidad.

El evento delictivo más reciente sucedió el pasado 11 de septiembre, cuando uno de los presuntos integrantes, Brian Stiven Valderrama Cubides, alias 'Garu', resultó herido debido a la manipulación accidental de material explosivo, lo que alertó nuevamente a las autoridades sobre la peligrosidad de sus actividades.

Las capturas se materializaron mediante diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Durante los procedimientos, los investigadores encontraron un arsenal de elementos probatorios que reforzaron la teoría del caso.

Se incautaron panfletos alusivos a sus actividades, un arma de fuego traumática junto con dos proveedores y 28 cartuchos, así como prendas de vestir específicas. También hallaron pólvora, banderas con diversos símbolos y un hacha, herramientas que presuntamente utilizaban para sus actos vandálicos.

Además de los líderes alias 'Salvatore' y 'Tolima', fueron detenidos e identificados los otros presuntos miembros de la red: Omar Millet Araya Romero (alias 'No Educado'), Silva María Pinzón Camargo (alias 'Chimol'), Daniel Felipe Pulido Sarmiento (alias 'Chinche San'), Cristhian Camilo Medina Rojas (alias 'Topo') y Carlos Raúl Torres Laguna (alias 'Pri').

La lista de judicializados la completaron Camilo Andrés Portilla Castañeda (alias 'Copete'), el ya mencionado herido Brian Stiven Valderrama Cubides (alias 'Garu'), Lennet Steven Mestra Montes (alias '83') y Joan Sebastián Castellanos Díaz (alias 'Slow').

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputó a los once detenidos una serie de delitos graves, dependiendo de su participación individual en los hechos. Los cargos incluyeron concierto para delinquir, terrorismo, incendio, daño en bien ajeno y perturbación en servicio de transporte público.

Adicionalmente, se les acusó de empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas; todas estas conductas fueron calificadas como agravadas.

Durante las audiencias concentradas, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la comunidad, el juez determinó que todos deberán cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

/Colprensa