La Finca ‘La Grosería’ sigue en el ojo del debate público. Recientemente, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) respondió al hallazgo de la Contraloría de presuntas irregularidades en la compra del predio, ubicado en Chimichagua, Cesar, señalando que pagó más de 4.000 millones por este predio improductivo.

La entidad del Gobierno afirmó que la adquisición hizo parte de un acuerdo interinstitucional, con el único fin de evitar un desalojo masivo de familias campesinas.

Así las cosas, Anward Decaret, contralor delegado del sector agricultura, quien explicó la coyuntura.

El delegado del ente de control reveló que el caso se trasladará a la Procuraduría General de la Nación.

“Se le va a trasladar a la Procuraduría porque ya había un hecho inicial en el que el mismo doctor Harman (director de la ANT) trasladó y nos notificó a nosotros y a la Fiscalía misma, es decir, ya existe un folio penal frente al tema. Realmente lo que nosotros haríamos sería copiarle al que tiene a cargo el informe, más no un traslado de apertura”, afirmó.

¿Cuáles fueron las presuntas irregularidades encontraron?

“Comencemos por las afirmaciones de la ANT sobre la supuesta productividad del predio. El mismo director de la ANT, Felipe Harman, presentó ante la Fiscalía General de la Nación en mayo del 2024, y posteriormente fueron puestas en conocimiento de nosotros, alertas que se sumaron a denuncias que venían siendo divulgadas por medios de comunicación que ya advertían de las posibles irregularidades de la compra que motivaron a la Contraloría a solicitar esta información a la ANT”, contó.

Explicó que la ANT, en su momento inicialmente les “respondió que no había realizado pagos y que el proceso se encontraba suspendido por inconsistencias internas que estaban revisando”.

El delegado comentó que “en dichos reportes señalaban presuntas irregularidades en el informe técnico. Ahí destacaban (la misma ANT) que una parte significativa del predio estaba clasificada como suelos de clase agrológica 7 y 8, y que se encuentran en el informe técnico 7 y 8, es decir, no productivos. No son aptos para la actividad agrícola ni pecuaria, según lo ha establecido no nosotros como Contraloría, sino el mismo Instituto Agustín Codazzi, el IAC, autoridad en materia, y la misma ANT había emitido un concepto desfavorable con conclusiones contradictorias sobre la compra del mismo predio”.

Explicó que lo que sucedió fue que “como en ese momento no existía un giro de recursos, no se abrió una actuación fiscal adicional, teniendo en cuenta que nosotros lo que revisamos es que no vaya a haber un detrimento fiscal. Sin embargo, ahora en 2025 recibimos una nueva denuncia ciudadana y allí sí encontramos unos hechos determinantes”.

“La ANT había activado el proceso de compra, lo reanudó y desembolsó más de 4.161 millones de pesos en febrero 2025, pese a que nosotros habíamos hecho las advertencias y ellos mismos habían denunciado internamente. Entonces, al revisar el expediente completo, la Contraloría confirmó que la adquisición del predio no cumplió con los criterios técnicos y normativos establecidos”, reveló./W Radio