El nombre del general Juan Miguel Huertas Herrera volvió a aparecer en el radar público luego de que los archivos de alias ‘Calarcá’, revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, mencionaran supuestos nexos entre altos funcionarios y disidencias de las Farc.

Sin embargo, ese no es el único episodio que compromete al actual director de Personal del Ejército.

Antes de ocupar uno de los cargos más sensibles dentro de la institución, Huertas ya enfrentaba una investigación por una presunta ejecución extrajudicial ocurrida hace más de dos décadas, cuando ejercía como capitán.

Ese caso remonta al 6 de julio de 2003, durante el operativo Marcial Norte en Granada, Antioquia.

Según la demanda que el Ministerio de Defensa presentó en noviembre de 2024 contra Huertas y otros nueve uniformados, el entonces oficial reportó la muerte de cuatro supuestos integrantes del frente 9 de las Farc, abatidos en un combate en la vereda San Cosme.

Más tarde, cuando los familiares de una de las víctimas, Norberto Jesús Izasa Guzmán, buscaron respuestas, las autoridades municipales les informaron que no había registro de enfrentamientos ese día y también certificaron que en Granada no existe ninguna vereda llamada San Cosme. Estas inconsistencias, sumadas a la falta de evidencia sobre el combate, llevaron a que los hechos fueran considerados como una ejecución extrajudicial.

En mayo de 2018, el Juzgado 33 Administrativo Oral de Medellín condenó a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, a pagar una indemnización cercana a los 700 millones de pesos a la familia de Izasa.

Después de esta decisión, la cartera de Defensa presentó una demanda de repetición para que Huertas y los demás oficiales respondieran patrimonialmente.

Los documentos obtenidos por La W identifican a los demandados: Juan Miguel Huertas Herrera, Nelson Carvajal Chisco, Emerson Castañeda Morales, Edgar Barranza Rincón, Antonio Polo Mesa, Dagnober Morales Muñoz, Fernando Londoño Marín, Jhon Seguro Oquendo, Javier Vargas Jiménez y Orlando Campero Caro.

La demanda fue radicada el 20 de noviembre de 2024. El caso pasó a revisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que consideró que la acción había sido presentada fuera del tiempo legal.

Ante esa decisión, la apoderada del Ministerio interpuso una apelación ante el Consejo de Estado.

El alto tribunal deberá decidir si la demanda continúa o queda definitivamente archivada, según explicó el abogado Jorge William Sánchez. Mientras tanto, Huertas fue confirmado en su cargo dentro del Ejército, a pesar de que la propia cartera de Defensa lo tiene incluido en un proceso para cobrarle por una muerte que la justicia administrativa ya determinó como responsabilidad del Estado.

Pese a que este proceso es de carácter civil, resulta llamativo que el presidente Gustavo Petro haya decidido reintegrar el pasado mes de agosto al hoy general, quien ha sido investigado por casos de falsos positivos en Antioquia.

Esto contrasta con la posición que el propio mandatario ha expresado de manera vehemente contra esa práctica, que la JEP calificó recientemente como un patrón criminal aplicado a nivel nacional y que él mismo denunció cuando fue congresista.