El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió con vehemencia el borrador de decreto que prepara su administración para modificar los requisitos de acceso a los cargos de embajador y cónsul general al asegurar que las exigencias deben ser las mismas que se aplican para ser ministro del despacho y reiteró que bajo su mandato se busca consolidar una república democrática alejada de las prácticas de una aristocracia excluyente ante la ola de cuestionamientos que surgieron desde diversos sectores políticos y gremiales tras conocerse el documento oficial.

La polémica se desató tras la publicación de un proyecto de norma que modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015. El documento estableció que para los empleos de libre nombramiento y remoción de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, así como para Cónsul General Central, ya no serán exigibles los requisitos generales de formación académica ni la experiencia profesional que se solicitaba anteriormente.

Según el texto revelado, para acceder a estos altos cargos de la diplomacia colombiana bastará con cumplir dos condiciones básicas que son ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de la ciudadanía y tener más de veinticinco años de edad.

El Jefe de Estado utilizó su cuenta en la red social X para justificar la medida y respondió a los cuestionamientos sobre la idoneidad de los futuros funcionarios. Petro argumentó que con el nuevo decreto los mismos requisitos para ser ministro son para ser embajador y enfatizó que Colombia es una república democrática y no una aristocracia. Esta declaración se dio en respuesta a una publicación de la periodista Juanita Gómez, quien criticó que la normativa eliminaba la necesidad de estudiar, trabajar o tener experiencia, dejando el mérito de lado.

La decisión materializada en este borrador no resultó sorpresiva para quienes siguen la línea del Gobierno, pues se trató de una orden que el mandatario impartió directamente a la Cancillería meses atrás. Durante un consejo de ministros televisado en junio de este año, el presidente expresó su inconformismo con las barreras de acceso al servicio exterior. En aquella ocasión, Petro señaló a la Canciller que no debía haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia y aseveró que cualquier hijo de obrero podía ser embajador, advirtiendo que si a algunos sectores no les gustaba la medida debían recordar que este era el Gobierno del cambio.

El mandatario también explicó que el presidente de la república dirige las relaciones exteriores por orden constitucional y añadió que tal facultad se ejerce a través del canciller y sus embajadores. Con este argumento, el Ejecutivo buscó blindar la potestad del presidente para designar a sus representantes en el exterior sin las ataduras de los cartones profesionales o las trayectorias certificadas que exige la normativa actual.

El borrador del decreto se sumó a otras medidas recientes que apuntaron a la misma dirección de flexibilizar el ingreso al servicio exterior para los nombramientos políticos. Recientemente se conoció la Resolución 10142 de 2025 de la Cancillería, la cual eliminó el requisito de certificar el conocimiento de un segundo idioma para el nombramiento de embajadores que no pertenezcan a la carrera diplomática.

De esta manera, el Gobierno configuró un nuevo escenario donde los cargos más altos de la representación internacional de Colombia quedaron exentos de filtros técnicos, académicos y lingüísticos rigurosos.

Las reacciones frente a la publicación del borrador fueron inmediatas y contundentes por parte de los organismos que agrupan a los funcionarios de carrera. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) emitieron un pronunciamiento conjunto donde rechazaron la iniciativa. Las organizaciones indicaron que esto profundiza el grave retroceso institucional que se evidencia y alertaron que ambas decisiones socavan la profesionalización del servicio exterior.

Para los diplomáticos de carrera, estas modificaciones desconocieron el valor del mérito y rompieron el equilibrio indispensable que debe existir entre la carrera diplomática y los cargos de libre nombramiento. Advirtieron que dicho equilibrio garantizó durante décadas una representación seria, competente y responsable de los intereses de Colombia ante la comunidad internacional.

Desde la orilla política, la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció acciones legales contra la iniciativa del Ejecutivo. La congresista manifestó que demandarán el decreto al considerar que atenta contra la carrera diplomática y la excelencia en el servicio exterior, sumándose así a las voces que consideraron que la medida debilita la institucionalidad de la Cancillería.

El documento oficial, que cierra con la orden de "publíquese y cúmplase", entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial, momento en el cual se harán efectivos los cambios que permitirán al Gobierno Nacional nombrar en las embajadas y consulados generales a personas sin título profesional, amparados únicamente en su ciudadanía y su mayoría de edad.

BOGOTÁ, (Colprensa)