La Defensoría del Pueblo expresó su respaldo a los consensos logrados entre el Gobierno y las disidencias al mando de alias “Calarcá” durante el séptimo ciclo de diálogos y destacó especialmente la promesa del grupo armado ilegal de detener el reclutamiento de menores de 18 años así como la garantía de no interferir en las jornadas electorales que vivirá el país en el año 2026.

El organismo defensor de los derechos humanos saludó los acuerdos que se firmaron los pasados 18 y 20 de noviembre con el denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), que agrupa a las estructuras ‘Jorge Suárez Briceño’, ‘Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’ y el Frente ‘Comandante Raúl Reyes’. La entidad valoró como un paso fundamental el anuncio de este grupo armado de no incorporar a menores de 18 años a sus filas, un hecho que calificó como necesario para demostrar la voluntad real de suspender lo que denominaron un crimen aberrante contra la población más vulnerable.

Ante este escenario, la Defensoría reiteró que sus canales humanitarios permanecen abiertos y disponibles para facilitar la liberación de los niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentran en poder de estas estructuras ilegales. De igual forma, la institución consideró esencial que el Estado fortalezca de manera inmediata sus programas de protección para la infancia, asegurando que los menores recuperados tengan garantías para restablecer sus derechos y no vuelvan a caer en las redes de la violencia.

Otro de los puntos neurálgicos que destacó la entidad fue el pacto para respetar el libre ejercicio de los derechos políticos de los colombianos. Este acuerdo busca garantizar que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida sin presiones, y que todos los partidos y candidatos tengan la libertad de exponer sus programas de gobierno en los territorios donde hacen presencia estos grupos armados. La Defensoría recordó que este compromiso responde a una recomendación directa emitida en la Alerta Temprana Electoral 013-25, diseñada para prevenir riesgos en el certamen democrático.

El organismo de control fue enfático al explicar en qué consiste este respeto por las elecciones de 2026. Señaló que el acuerdo de no interferencia debe cumplirse en tres momentos clave: antes, durante y después de la jornada electoral. Esto significa que el grupo armado deberá abstenerse de intervenir directa o indirectamente en el proceso, evitando cualquier acto de violencia, amenaza, constreñimiento al elector o estigmatización de los candidatos.

La explicación detallada del acuerdo indicó que tampoco se podrá restringir la movilidad de la población ni de las candidaturas por las zonas rurales o urbanas.

Además, quedó prohibido atacar la infraestructura electoral, como puestos de votación o transporte de material, así como instrumentalizar a los líderes sociales para fines políticos, inducir el voto por algún candidato en particular o intentar ejercer control sobre las agendas y la financiación de las campañas políticas.

Para verificar que todo lo pactado se cumpla en el terreno, se acordó la creación de una veeduría especial. Este mecanismo contará con la participación de delegados de las mismas comunidades que habitan en las zonas de influencia del EMBF, quienes serán los encargados de hacer seguimiento al desescalamiento de la violencia.

La Defensoría calificó como alentadora esta iniciativa, que también contempla la participación de la comunidad internacional, los acompañantes permanentes de la mesa de diálogos y las autoridades locales.

Sin embargo, la entidad lanzó una advertencia preventiva sobre la seguridad de los civiles que participen en esta tarea. Dado que la participación ciudadana en zonas de conflicto puede generar riesgos diferenciados y exponer a los líderes, la Defensoría invitó a la Mesa de Diálogos a adoptar medidas de protección específicas y eficaces antes de poner en marcha la veeduría.

El objetivo es evitar que quienes ayuden a vigilar la paz terminen siendo víctimas de represalias. Finalmente, la institución concluyó que mantendrá su disposición para acompañar, desde su autonomía e independencia, todas las acciones que busquen garantizar los derechos de la población civil.

/Colprensa