Una nueva tormenta política se desató tras conocerse un borrador de decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca desmontar los requisitos académicos y de experiencia profesional para ejercer como embajador extraordinario o cónsul de Colombia en cualquier misión diplomática.

Según el documento, para ocupar estos cargos ya no sería necesario acreditar formación universitaria, estudios relacionados con relaciones internacionales ni trayectoria en el servicio exterior.

El mandatario salió al paso de las críticas, que han venido principalmente desde sectores políticos y sindicatos diplomáticos, y recordó que es él quien dirige la política exterior del país.

“El presidente de la República dirige las relaciones exteriores por orden constitucional, y tal facultad se ejerce a través de la canciller y sus embajadores”, afirmó.

¿Qué dicen los funcionarios de carrera diplomática?

A través de un comunicado conjunto, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) expresaron su “profunda consternación y enérgico rechazo” frente a la iniciativa.

Las organizaciones señalaron que “esta nueva acción, sumada a la reciente modificación del manual de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, profundiza el grave retroceso institucional que se está evidenciando. Ambas decisiones socavan la profesionalización del Servicio Exterior, desconocen el valor del mérito y rompen el equilibrio indispensable entre la Carrera Diplomática y los cargos de libre nombramiento”.

Los sindicatos anunciaron que, al igual que ocurrió cuando se eliminó el requisito de un segundo idioma, emprenderán las acciones legales necesarias para defender la Carrera Diplomática y Consular de Colombia.

“Reiteramos que Colombia requiere y merece una diplomacia ejercida bajo estándares profesionales altos, que garanticen que quienes representen al país y quienes atiendan a nuestros connacionales cuentan con las competencias mínimas para hacerlo. No se trata solo de institucionalidad: se trata de proteger a los colombianos y a los intereses del país”, puntualizaron.