El proceso penal por el escándalo conocido como Aguas Vivas tendrá un capítulo decisivo este viernes cuando la Fiscalía presente formalmente la acusación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y otras 12 personas ante un juez de la capital antioqueña, para llevarlos a juicio por las presuntas maniobras ilegales con las que intentaron pagar con dineros públicos un lote que debía ser entregado gratuitamente a la ciudad.

La diligencia judicial se programó para las 3 de la tarde en el Juzgado 22 de Conocimiento de Medellín. Allí, la fiscal del caso, Yarlecy Mena, expondrá los argumentos para llevar a juicio a los implicados por delitos graves contra la administración pública, específicamente prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Este caso se centra en las presuntas irregularidades cometidas alrededor de un predio ubicado entre los exclusivos sectores de El Poblado y Las Palmas. Según la investigación del ente acusador, los funcionarios públicos y un grupo de particulares orquestaron un plan para modificar las reglas de juego sobre ese terreno y obtener un beneficio económico millonario que afectaría las finanzas del municipio.

La teoría de la Fiscalía apuntó a que existió un pacto ilegal entre la administración de Quintero y unos empresarios privados. El nudo del problema radicó en el cambio de uso del suelo y las condiciones de entrega del lote Aguas Vivas. Originalmente, este terreno estaba destinado a ser un ecoparque y debía pasar a manos del municipio mediante una figura conocida como cesión gratuita, es decir, sin costarle un peso a la ciudad.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que entre febrero de 2020 y mayo de 2023 se realizaron movimientos administrativos para cambiar esa condición. La Fiscalía señaló que los implicados intentaron convertir esa entrega gratuita en una compraventa. El objetivo final era pagarles a los dueños del predio una suma que oscilaba entre los $40.500 millones y los $42.719 millones, valor que saldría del bolsillo de los contribuyentes, por un bien que ya debía ser público.

En el escrito de acusación, la Fiscalía fue contundente al describir la operación. El documento citó textualmente que "Fabio García y Daniel Quintero junto con los particulares Moreno, Rueda y Villegas, con división de tareas y bajo un acuerdo criminal común, realizaron aportes funcionales determinantes para apropiarse, en favor de los citados particulares, del inmueble de propiedad del municipio".

Para lograr este cometido, los funcionarios recurrieron a diversas estrategias legales y administrativas. La investigación indicó que, tras fracasar en un intento de conciliación prejudicial, el exalcalde Quintero y su entonces secretario General, Fabio Andrés García Trujillo, expidieron actos administrativos de manera irregular.

Estas decisiones burocráticas tuvieron dos efectos principales: primero, aumentaron el avalúo comercial del terreno para justificar el alto precio a pagar; y segundo, permitieron el desarrollo de actividades urbanísticas que estaban expresamente prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente en ese momento. Al parecer, se buscó beneficiar a terceros modificando las normas que rigen el desarrollo de la ciudad.

El banquillo de los acusados es extenso e incluye a figuras clave de la anterior administración municipal. Además del exalcalde Quintero, la justicia procesó a Fabio Andrés García Trujillo, quien fungió como secretario general; a Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; y a Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación.

La lista de exfuncionarios vinculados continuó con Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de Movilidad; y Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial.

También deberán responder ante el juez Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil y Leidy Jiménez Echavarría, quienes ocuparon diversos cargos directivos y de supervisión en la Alcaldía.

Por el lado de los particulares, la Fiscalía acusó a los empresarios Juan Manuel Villegas Márquez, Juan Diego de Jesús Moreno Barón y José Fernando Rueda Salazar. Estos ciudadanos figuran como los tenedores del predio y, según la hipótesis de los investigadores, serían los beneficiarios directos de los dineros que la administración pretendía desembolsar.

De manera simultánea al avance del proceso penal, la Procuraduría también tomó decisiones de fondo, al proferir pliego de cargos contra el exalcalde Quintero por estos mismos hechos, al considerar que pudo incurrir en faltas disciplinarias gravísimas.

En este expediente disciplinario, el órgano de control incluyó a otros altos ex funcionarios que también tuvieron rol en la toma de decisiones sobre el lote. Entre ellos figuraron Jasbleidy Pirazán García, exdirectora de Planeación; Mauricio Valencia Escobar, exsecretario de Desarrollo Económico; Juan David Agudelo Restrepo, exsecretario de Educación; y Rivier Hernando Gómez Cuevas, exsecretario de Innovación Digital.

La audiencia de este viernes en Medellín se perfila como un momento tenso, pues se espera que los abogados defensores presenten solicitudes de nulidad contra la acusación de la fiscal Mena, buscando tumbar el proceso antes de que inicie formalmente el juicio oral.

/Colprensa