Videos en redes muestran a hombres y mujeres humillados, rapados y obligados a pedir perdón bajo el control de un grupo armado ilegal.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los “castigos sociales” aplicados por un grupo armado no estatal en Santa Marta y Valledupar, prácticas que podrían constituir tortura y graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra mujeres.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) condenó la imposición de castigos y sanciones ilegales en Santa Marta y Valledupar, presuntamente por parte de un grupo armado no estatal con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.

El organismo internacional advirtió que estas acciones podrían constituir actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, según los estándares del derecho internacional. En su comunicado, la ONU expresó su preocupación por videos difundidos en redes sociales en los que se observa a personas siendo retenidas, humilladas y forzadas a pedir perdón públicamente tras ser acusadas de delitos como hurtos, riñas o extorsión.

CASTIGOS SOCIALES, ESTÁN POR FUERA DEL MARCO LEGAL

En las últimas semanas, en diferentes sectores de Santa Marta han circulado videos donde presuntos miembros de las Autodefensas de la Sierra Nevada someten a hombres y mujeres a lo que llaman “castigos sociales”. Las víctimas son obligadas a raparse el cabello, realizar trabajos forzados o emitir mensajes de arrepentimiento frente a cámaras, asegurando que han recibido “una segunda oportunidad” de dicho grupo.

Según la ONU, estas prácticas violan la integridad física y moral de las personas y constituyen una forma de control social y territorial por parte de actores armados que actúan al margen de la ley y fuera de toda autoridad judicial.

GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El organismo internacional informó que durante 2025 ha recopilado 19 registros audiovisuales provenientes de distintas fuentes, donde se evidencian castigos físicos, inmovilización de extremidades y humillaciones públicas. “Estas acciones son una afrenta directa al derecho a la integridad personal y pueden ser calificadas como tortura o tratos crueles”, señala el comunicado.

ONU Derechos Humanos recordó que tales conductas también vulneran tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por Colombia. Además, podrían constituir crímenes de lesa humanidad o de guerra, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

IMPACTO EN MUJERES Y DIMENSIÓN DE GÉNERO

El documento enfatiza la situación de las mujeres víctimas, quienes habrían sido obligadas a realizar trabajos forzados y a quienes se les ha rapado el cabello como forma de castigo y humillación. La ONU alertó que estos actos vulneran su autoestima, identidad y autonomía personal, configurando violencia de género en los términos establecidos por la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

LLAMADO AL ESTADO COLOMBIANO

ONU Derechos Humanos exhortó al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales de prevención y protección, a investigar estos hechos y a sancionar a los responsables. “La aplicación de castigos por actores armados no estatales debilita la gobernabilidad local y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”, advierte el comunicado.

El organismo también instó a fortalecer la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, con especial atención a su estrategia 3, que prioriza la protección territorial y la seguridad de las comunidades.

“El comunicado es positivo, se respalda a las víctimas porque los derechos humanos y el DIH deben prevalecer, pero también deja muy mal parado al actor armado, al proceso de paz y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque básicamente lo que están diciendo es: ustedes no han hecho nada y son conscientes de que esto está ocurriendo”, expresó Lerber Dimas, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada –PDHAL–.

Finalmente, la ONU reiteró su disposición para brindar asistencia técnica al Gobierno colombiano y anunció que continuará realizando seguimiento constante a la situación de derechos humanos en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Diseño de HOY DIARIO DEL MAGDALENA