El Ministerio de Educación informó que desde el 6 de noviembre se lleva a cabo una jornada de protestas pacíficas de organizaciones sindicales del sector educativo del distrito de Cali, integradas por docentes, directivos docentes y administrativos miembros de organizaciones sindicales. Según la cartera educativa desde el primer momento ha manifestado que aunque los temas abordados corresponden principalmente a asuntos de carácter jurídico, la delegación del Ministerio mantiene una disposición abierta al diálogo, con el propósito de construir alternativas conjuntas que permitan avanzar en soluciones sostenibles para el sector educativo. Entre los temas dialogados en las mesas se encuentra el fortalecimiento de la oferta pública educativa y la reducción de la matrícula contratada en el distrito de Cali, pues las organizaciones sindicales plantearon preocupación por la existencia de una importante cobertura contratada en el distrito, al mismo tiempo que se registra una caída en la matrícula oficial, afectando requerimientos de planta de maestros. Frente a esta petición el Ministerio logró acordar una hoja de ruta para un proceso progresivo de sustitución de la cobertura contratada, en cabeza de la Secretaría de Educación del distrito, con participación de las organizaciones sindicales y el Ministerio como garante. Además, las organizaciones exigen el pago de las primas extralegales creadas por la Entidad Territorial Certificada (ETC) de Santiago de Cali. “Es preciso señalar respecto a este punto, que el Decreto 0216 de 1991 expedido por el Distrito de Santiago de Cali fijó unas prestaciones sociales para los empleados públicos de la administración central de esta entidad territorial. Sin embargo, este fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca”, precisó el Ministerio de Educación. En ese sentido el Ministerio indicó que el eventual reconocimiento de deuda por concepto de primas extralegales en la ETC de Santiago de Cali no sólo es contrario al ordenamiento jurídico vigente, sino que iría en contra de los cientos de casos judiciales que ya han determinado que no es procedente. /Colprensa