Luego que la Contraloría General de la República (CGR) estableciera el seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral de 2026, se detectó un incremento superior a los $7 billones en la contratación registrada en SECOP, en los meses que antecedieron la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Desde septiembre, la Contraloría ha estado aplicando el modelo, lo que ha permitido caracterizar la dinámica de la contratación pública. Este monitoreo previo "ha identificado picos significativos en la modalidad de contratos y convenios interadministrativos durante los meses de septiembre y octubre", detalló. De acuerdo con el seguimiento mensual realizado sobre convenios y contratos interadministrativos, se observó un incremento significativo en el valor de la contratación registrada en SECOP durante los dos meses previos a la fecha de prohibición. Septiembre y octubre registran los montos más altos del periodo analizado, con valores que alcanzan los $4,0 billones y $3,5 billones, respectivamente, detalló el órgano de control, que explicó que el seguimiento se realiza mediante un Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo. Dicha herramienta se implementó a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que permite monitorear la contratación pública, la nómina estatal, la ejecución presupuestal, los subsidios y beneficios sociales en todo el país de forma técnica, continua y sistemática, resaltó la Contraloría. Para la vigilancia, el modelo está integrado por bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La entidad empezó a monitorear desde el pasado 8 de noviembre que no se utilice la contratación a través de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante el periodo de restricciones electorales, con la capacidad de alertar tempranamente ante cualquier intento de realizar este tipo de acuerdos. Además, se realizará seguimiento a incrementos inusuales en contratos de servicios y transferencias excepcionales de recursos a entidades locales, y a la detección de "contratistas inhabilitados por exceder los límites legales de financiación política". El control sobre la contratación directa iniciará a partir del 31 de enero de 2026. La Contraloría señaló que el objetivo es "prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones estatales". /Colprensa