Para el ente de control se evidencia un incumplimiento pues no hay soportes objetivos del cumplimiento, sino sólo declaraciones del contratista. Además, cuestiona la orden suspensión del contrato, pues no hay un acta. La Contraloría está evaluando si hay incumplimiento del contrato de Ecopetrol con Covington & Burling, con el que buscaban analizar la reputación de la empresa en medio de las polémicas de su presidente, Ricardo Roa, pues, por ahora, no evidencia “un provecho cierto para la entidad ya que no existen soportes objetivos de su cumplimiento”. El documento del ente de control en el que analiza este asunto señala que “el contrato se reporte ‘vigente y en pausa’ evidencia el incumplimiento del objeto y alcance del contrato, lo cual conlleva a que los recursos que han sido ejecutados y pagados por Ecopetrol por valor de $1.592.888 USD, se hayan invertido sin que se evidencie un provecho cierto parta la entidad ya que, tal como se indicó más atrás, no existen soportes objetivos de su cumplimiento, más allá de las propias declaraciones hechas por el contratista, generándose así una situación de riesgo de detrimento al patrimonio público”. A ello agrega que “el fin de la contratación solicitada por la Junta Directiva no se estaría cumpliendo en cuanto al servicio de asesoría en relación con la revisión de ciertas políticas, procesos y discusiones relacionadas con las autoridades estadounidenses frente al riesgo de investigaciones y sanciones por parte de la SEC”. Ahora, Ecopetrol debe responder a esta alerta para saber que el ente de control defina si determina el hallazgo o no. Además, el ente de control señaló que la suspensión del contrato tuvo su origen en una orden de la Junta Directiva de suspender la ejecución del contrato. “Sin embargo, esta no cumple con las condiciones establecidas en el Libro de abastecimiento 2.4 Gestión de Contractual, 2.4.3 Roles y responsabilidades / Gestión de Eventualidades, y el Manual de Contratación de Ecopetrol S.A. GAB-M-001 numeral 3.8.23, toda vez que no existe un acta de suspensión formal integrada al expediente contractual, situación que impide la obtención de los resultados esperados en cumplimiento del objeto, el alcance del contrato y del cronograma de actividades”, se lee en el documento. En torno a este contrato surgió una fuerte polémica por el otrosí del contrato, que inicialmente se firmó por 875.000 dólares, y luego se incrementó a 5,8 millones de dólares. Finalmente, Ecopetrol desembolsó 1,5 millones de dólares y suspendió el contrato en marzo de 2025.