El ministro del Interior asegura que los congresistas no quieren trabajar y están generando un bloqueo institucional. El Gobierno Nacional respondió al presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, que confirmó que el trámite de la reforma a la salud continuará suspendido hasta tanto se presente un aval fiscal y se defina el futuro de la ley de financiamiento. El primero en hacerlo fue el propio presidente Gustavo Petro, quien anunció que se implementará un “plan B”, ante esta negativa del Congreso. “Dado que la Comisión Séptima se niega a cumplir su deber, el Gobierno implementará su plan B para lograr disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano”, dijo el jefe de Estado. Pero no solo eso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que interpondrá denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Procuraduría en contra de los parlamentarios que se niegan a debatir este proyecto de ley. “Es evidente que los ocho de la Comisión Séptima de Senado, con las vísceras, provocan un bloqueo institucional caprichoso, egoísta, perverso, inhumano contra todos los enfermos y los que se vayan a enfermar en el país. No saben qué es justicia social. ¿Será que van a misa o al culto? ¿Habrán leído la Biblia alguna vez? ¿Saben qué es un evangelio, un versículo? ¿Dónde está el amor por el prójimo?”, indicó. Benedetti aseguró que lo que con sus actuaciones se está viciando el trámite de las iniciativas que están en la Comisión Séptima. “Es obvio que saldrán elegidos por compra de votos, porque nadie votará por esos témpanos de hielo, egoístas y mercantilistas. Los denunciaré ante la Procuraduría y la Corte Suprema por quebrantar la Constitución y la Ley Quinta. Están viciando cualquier proyecto que se discuta en la Comisión. Lo que quieren es no trabajar, ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez, y lo peor es que la engañarán”, afirmó. No obstante, el senador Pinto ha dicho que están respetando la ley y la Constitución al suspender el debate de una reforma que no tiene aval fiscal y de la cual no se conoce el impacto que tendrá en las finanzas del país.