Las agremiaciones Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, Acp, Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, enviaron al Minenergia sus apreciaciones técnicas al Proyecto de Ley 432 de 2025 Cámara “Por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”, ya que consideran necesario advertir que varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria, y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio. La misiva va dirigida a Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía; Camilo Ernesto Romero Galván, secretario de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes; David De Jesús Bettin Gómez, secretario de la Comisión Quinta del Senado de la República, en la que exponen las consideraciones técnicas al Proyecto de Ley 432-2025C – Regulación Justa. “Las agremiaciones Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, Acp, Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, en representación del sector energético colombiano, nos permitimos presentar de manera conjunta nuestras consideraciones técnicas al Proyecto de Ley 432 de 2025 Cámara “Por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”, radicado en días pasados por el Ministerio de Minas y Energía ante el Congreso de la República”, dice el primer párrafo de la misiva. En él destacan que los gremios “hemos contribuido activamente a la discusión técnica del anteproyecto, presentando observaciones y alternativas orientadas a asegurar el abastecimiento energético del país y a mejorar el acceso y la eficiencia en la prestación de los servicios de energía y gas para los usuarios, mitigando riesgos que, por el contrario, puedan comprometer este objetivo. Lo anterior, buscando aportar a la finalidad social del Estado establecida en el artículo 365 de la Constitución Política, que establece que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional”. “No obstante, tras analizar el texto finalmente radicado, consideramos necesario advertir que varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria, y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio, con implicaciones económicas y sociales adversas. Inclusive, en esta nueva versión se adicionaron artículos que ponen en riesgo la confiablidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía”, agregan. Aseguran que el reto más urgente de carácter energético que enfrenta el país “es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible, hoy en riesgo por la insuficiencia de oferta de energía firme y de gas nacional. Los gremios venimos insistiendo en que sin expansión oportuna de la oferta no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se comprometerá el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo”. “En los últimos cinco años, y según información oficial emanada del operador del mercado de energía mayorista, ha entrado en operación menos del 30% de la generación comprometida, y más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. Este contexto demanda decisiones de política pública que destraben proyectos, impulsen nuevas inversiones y restablezcan la confianza en las reglas del mercado”, se lee en el escrito. “Sin embargo”, anotan, “el proyecto de ley no aborda estos problemas estructurales, ni incorpora instrumentos que mitiguen el riesgo de desabastecimiento o incentiven la expansión de la infraestructura energética, de manera que no conduce a un aumento efectivo de la capacidad instalada lo que aumenta a futuro la brecha entre la oferta y la demanda. Muy por el contrario, y bajo la redacción actual, produce incertidumbre y desconfianza en la estabilidad de las reglas en un momento en que el país necesita decisiones contundentes de inversión para superar el riesgo de una posible falta de energía a futuro”, continúan diciendo. Adicionalmente, dicen los gremios de la energía, “es preocupante la situación de los comercializadores de energía, donde con corte a septiembre tienen saldos por recuperar cercanos a los 6 billones de pesos, de los cuales alrededor del 68% es deuda pública del orden nacional y territorial”. *Las propuestas de los gremios a Minenergía* Los gremios en su misiva manifiestan que, en lugar de tramitar el proyecto en su redacción actual, “proponemos focalizar los esfuerzos en las verdaderas prioridades del sector energético nacional, que no requieren de un proyecto de ley sino de decisiones inmediatas y coordinadas”. Garantizar los recursos para el pago de subsidios ya otorgados a los usuarios más vulnerables de energía y gas, deuda que supera los $2,8 billones de pesos a septiembre de 2025, lo que compromete la liquidez de los prestadores y la estabilidad del sistema. Honrar lo prometido por el presidente Petro en mayo del 2024 acerca de que la Nación asumiría los saldos de la opción tarifaria. Definir e implementar el esquema de prestación del servicio de Air-e en la Región Caribe, incluyendo el pago de las deudas que Air-e tiene con otros agentes del mercado, para mitigar el riesgo sistémico que hoy afecta al sector eléctrico. Contratar conjuntamente con consultores independientes e idóneos estudios técnicos rigurosos que permitan evaluar las reformas propuestas con una base sólida de evidencia, dado que su complejidad requiere análisis superiores a los seis (6) meses contemplados por la ley, y adoptar las alternativas que se recomienden en dichos estudios. Adelantar las acciones para asegurar la ejecución de proyectos, especialmente en aspectos sociales y ambientales, y brindar la seguridad jurídica que se requiere para garantizar el abastecimiento energético del país. En adición, es importante mencionar que en anteriores comunicaciones hemos tenido la oportunidad de presentar al Gobierno Nacional propuestas intergremiales con relación a los temas de subsidios y saldos de la opción tarifaria, entre otros que, consideramos, contribuyen a la construcción de alternativas que le permitan al Gobierno Nacional cumplir las metas de solidaridad y redistribución de ingresos y garantizar un servicio público eficiente y de calidad, entre otros y, por lo tanto, “sugerimos sean tenidas en cuenta en el marco de la desarrollo normativo”. “El sector energético comparte el propósito de mejorar las condiciones de los usuarios y mitigar impactos de cargas tarifarias, pero considera que esto debe lograrse mediante decisiones técnicas, concertadas y sostenibles, dentro del marco institucional vigente, logrando un equilibrio razonable entre tarifas eficientes y la garantía actual y futura en la prestación del servicio, con prestadores del servicio que sean sostenibles y viables, con independencia de que sean públicos, privados o mixtos”, esbozan. En el último párrafo se lee: “en consideración a lo expuesto, solicitamos respetuosamente que los temas abordados en el proyecto de ley sean revisados con base en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional, de forma que garantice la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas, pilares del desarrollo económico y social del país”. Barranquilla COLPRENSA