La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó el informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’, documento donde advierte sobre el agravamiento estructural del derecho a la salud en Colombia. Según el informe los usuarios del sistema de salud tendrían que utilizar hasta el 90% de sus ingresos para cubrir medicamentos que no les entregan, situación que se explica principalmente por un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación y con un impacto más severo en poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad. A partir de las encuestas realizadas (3.449) la institución hizo un ejercicio para determinar el impacto económico de la falta de entrega oportuna de medicamentos; principalmente se identificaron seis (Metformina, Valsartán e Insulina Glargina), que incluye aquellos utilizados en diagnósticos de salud mental y otras condiciones neurológicas (Quetiapina y Ácido Valproico), así como en salud materna (Ácido Fólico). En ese sentido el informe alertó un grave impacto económico que supone para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales, situación que vulnera afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna. Además, la Defensoría del Pueblo destacó que tiene un reporte de 584 medicamentos diferentes no entregados con corte a septiembre del 2025. El seguimiento a 1.798 de estos casos indica que el 48% de ellos no ha sido resuelto. Ante la no entrega, el 61% de los encuestados manifestó que compraría el medicamento de manera particular. Los tres medicamentos que fueron reportados como no entregados con mayor frecuencia fueron Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. En el grupo de los diez primeros medicamentos, se acumula el 25% de los reportes de no entregas. “Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos, privilegian el interés del canal comercial sobre el canal institucional”, manifestó desde Barranquilla la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe. En atención a estas situaciones la Defensoría del Pueblo presentó un conjunto de propuestas para enfrentar la crisis del sistema de salud y garantizar el derecho efectivo a la atención. Entre las principales propuestas se encuentran la creación de una reforma a la salud consensuada que asegure equidad, sostenibilidad financiera y enfoque diferencial, fortaleciendo las capacidades locales. La institución también destacó la importancia de establecer mecanismos de conciliación de deudas entre actores del sistema, como también fortalecer la vigilancia sobre el uso de recursos públicos. “El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema, en su deber de garantizar el derecho a la salud y en su obligación de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría, cuyo rol es acercar a las partes para aliviar el sufrimiento que, sin ninguna duda, hoy padece la población colombiana”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. /Colprensa