El fallo, promovido por la congresista Jennifer Pedraza, exige que la universidad entregue en 48 horas los documentos que acrediten los títulos de Juliana Guerrero, cercana al Gobierno Petro. El Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá ordenó a la Fundación Universitaria San José entregar, en un plazo máximo de 48 horas, la información académica de Juliana Guerrero, representante de la administración de Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar. La decisión, del 31 de octubre, ampara un derecho de petición de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien había solicitado desde el 29 de agosto los documentos que acreditaran los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública que la hoja de vida de Guerrero asegura que la joven obtuvo. Según el fallo, la universidad incumplió con su deber de respuesta, pues la contestación que había entregado fue “evasiva" y no satisfizo "los presupuestos constitucionales del derecho de petición”. El juez precisó que los títulos universitarios y las actas de grado son documentos públicos, especialmente cuando habilitan el ejercicio de una profesión, por lo que su entrega no puede condicionarse ni reservarse. La providencia cita jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, como sentencias de 2025 y de 2022, que reitera que los títulos académicos son actos administrativos de carácter público, y que la información semiprivada relacionada con la formación de un funcionario puede divulgarse cuando existe interés público sobre su idoneidad, como en el caso de Guerrero, quien hasta el 25 de septiembre estuvo en lista para ser viceministra de las Juventudes. “La información solicitada tiene que ver con una figura pública, como la (aspirante a) viceministra de Juventud, y resulta necesaria para ejercer un control político y público efectivo sobre la idoneidad de quienes asumen responsabilidades de alto nivel en el Gobierno nacional”, señala el fallo. Pedraza celebró la decisión judicial, afirmando que respalda la transparencia y el control político sobre las designaciones del Ejecutivo. “Es inadmisible tener que acudir a la justicia para poder hacer control político, pero este fallo demuestra que estamos actuando en defensa del mérito y la verdad”, declaró la congresista. Se trata del tercer fallo judicial que favorece a la congresista en el caso de Guerrero. Decisiones anteriores les ordenaron al Icetex y a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar información relacionada con los antecedentes académicos y contractuales de la joven cesarense. Guerrero, por su parte, ha mantenido su intención de posesionarse como viceministra, y planea presentar la Prueba Saber Pro el próximo 8 de noviembre, un requisito que, como cualquier estudiante universitario, debió cumplir antes de graduarse.