De ese discriminado, 12 son civiles y 8 militares. Valdivia es el municipio con el mayor número de casos, con 6. La instalación de campos minados por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en Antioquia es una problemática que tiene en riesgo a la población civil y a la fuerza pública. Esta situación se registra con mayor preocupación en subregiones como el Norte y Nordeste, pero otras como el Bajo Cauca, Occidente y Suroeste no están alejadas de esta violación al derecho internacional humanitario, como lo han catalogado funcionarios de la gobernación del departamento y demás autoridades de orden local y nacional. Según el reporte actualizado de la gobernación, en el departamento, en lo corrido del 2025, se tiene un registro de 20 personas afectadas con minas en zonas rurales; de estas, 12 han sido civiles y ocho uniformados. También se indica que estos artefactos le han ocasionado la muerte a dos civiles y un militar, este último en Anorí, quien falleció la semana anterior producto de las heridas ocasionadas hace ya varios días. Este panorama deja entender que los civiles que tienen que caminar por los caminos y sus fincas en las labores diarias son quienes mayores víctimas están aportando a esta guerra entre grupos ilegales y la confrontación con la fuerza pública. Pero el ejército también es la institución más afectada por ser quienes están en esos territorios trabajando por la seguridad de los antioqueños. Las cifras discriminaron los municipios afectados con los artefactos explosivos improvisados sembrados en los territorios. Del total de los 20 casos en el 2025: en Valdivia se reportan 6; Anorí 5; Frontino 3, San Andrés de Cuerquia 3; Briceño 1; Ituango 1 y Urrao 1. El reporte de la gobernación también señala que los principales actores armados ilegales que tiene en esta práctica son las disidencias de los frentes 4, en el Magdalena Medio; 18, en Ituango; 34, en el Suroeste y el 36, en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca, y la guerrilla del ELN. Recientemente se ha conocido que en el municipio de Briceño la comunidad desplazada que alcanzó las 2.200 personas denunció que los campos estaban minados; incluso el frente 36 reconoció esa práctica criminal, lo que, en medio del comienzo de la salida de los campesinos, uno de ellos que regresó a la vereda pisó una mina y murió. Por lo que el Ejército Nacional informó que, aunque se prepara un desminado humanitario, las condiciones de seguridad no lo permiten aún, pero que sí se avanza en un desminado militar. “El desminado militar es donde tenemos información por las comunidades o porque las tropas están en avance y las encuentran; inmediatamente se destruyen esos artefactos explosivos”, dijo el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, en su reciente visita al departamento