Este 2 de noviembre de 2025 se cumplen 30 años del magnicidio del político conservador y cofundador de la Universidad Sergio Arboleda, Álvaro Gómez Hurtado. Se trata de un caso que ha pasado por las manos de decenas de fiscales y que recientemente fue asumido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decisión que generó el rechazo de la familia del abogado y constituyente. El crimen se cometió minutos después de que Gómez Hurtado abandonara el campus de la universidad tras dictar clases. Mientras se desplazaba en su vehículo por la calle 74 con carrera 11, un grupo de sicarios le tendió una emboscada. Gómez Hurtado, quien viajaba acompañado de su escolta, recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte casi de inmediato. La única condena en firme por el asesinato recae sobre Héctor Paúl Flórez Martínez, exescolta de un empresario, quien fue sentenciado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión en 2019, al concluir que Flórez participó directamente en el atentado perpetrado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. Sin embargo, la familia Gómez ha cuestionado esa condena y sostiene que el hombre es inocente. En entrevista con la W Radio, Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y abogado de la familia en este caso, reveló un nuevo desarrollo judicial: un documento de la Fiscalía, en el cual se decretó, bajo los parámetros de la Ley 600, la preclusión de la investigación por el delito de favorecimiento contra Luis Guillermo Parra Niño, quien para la época de los hechos era coronel y jefe de la Sijín en Sincelejo, Sucre. El jurista y sobrino de la víctima señaló que el Estado y las autoridades de la época habrían participado en, por lo menos, tres oportunidades en desviar la investigación. La primera, conocida como el “episodio Sincelejo”, ocurrió apenas dos semanas después del crimen.

El cuestionado testigo estrella

Según Enrique Gómez, la primera gran desviación se dio a partir de una versión falsa que rápidamente fue acogida por las autoridades. “El episodio Sincelejo fue la primera hipótesis de desviación, en los albores de la investigación, que llevó a Horacio Serpa, en aquel entonces ministro del Interior, a declarar el crimen resuelto el 18 de noviembre, sobre la base del falso testimonio de Carlos Alberto Lugo y del ocultamiento de un informe de policía judicial de la Policía Nacional, que el 16 de noviembre de 1995 había exonerado a todos los imputados por esa hipótesis(…) Carlos Lugo incriminó falsamente a Héctor Paul Flórez”, dijo. Asimismo, explicó que el ocultamiento del informe solo salió a la luz varios años después, cuando la Fiscalía 190 de Derechos Humanos halló en los archivos de la Dijin el documento que exoneraba a los señalados. Según indicó, fue gracias a la insistencia de la defensa y de la parte civil que se descubrió esa irregularidad. Añadió que Carlos Alberto Lugo fue denunciado y condenado por fraude procesal al haber desviado la investigación, y advirtió que después surgieron muchas más hipótesis falsas impulsadas por la misma Fiscalía. “Luis Guillermo Parra y todos los miembros de la Dijin que participaron en el ocultamiento del informe de policía judicial sustentaron una hipótesis absurda: que un vuelo había despegado de Sincelejo, había aterrizado ilegalmente en Bogotá y que tres muchachos, algunos menores de edad, habían asesinado a Álvaro Gómez y regresado antes de las dos de la tarde. Todo era absurdo y, sin embargo, la Policía fue la promotora”, afirmó. Según Gómez, años después de que el crimen fuera declarado de lesa humanidad, la Fiscalía identificó vínculos del entonces comandante del Gaula, Danilo González, a quien señala como uno de los principales responsables del asesinato de Álvaro Gómez. Sobre este nuevo desarrollo, la defensa de la familia de Álvaro Gómez Hurtado presentó un recurso de reposición y, de manera subsidiaria, de apelación para que no se precluya la investigación contra el entonces mayor Luis Guillermo Parra, de la DIJIN de Sincelejo, por el delito de favorecimiento.

La dudosa condena

Otro punto que causa indignación en la familia Gómez es la única condena que existe por el magnicidio. Se trata de Héctor Paúl Flórez Martínez, quien siempre ha sostenido su inocencia. Según Enrique Gómez, el expediente contiene pruebas que desvirtúan por completo su responsabilidad. “Nosotros tenemos el convencimiento probatorio; está acreditado en la investigación ante la Fiscalía, no solo que Héctor Paúl Flórez no participó como sicario en el homicidio, sino que hay muchas evidencias. El principal testigo, el único testigo contra Héctor Paúl, era un jíbaro que cuidaba carros y vendía marihuana, conocido como el ‘loco Memo’”, explicó. El abogado y líder político de Salvación Nacional también cuestionó la legitimidad de ese testimonio. “Hemos demostrado que, cuando declaró en contra de Héctor Paúl Flórez, la identidad del ‘loco Memo’ era falsa y había sido suministrada por la Policía Nacional. Ese testigo de cargo fue el único que dijo haber visto a Flórez en el lugar de los hechos, cuando decenas de personas lo ubicaban a la misma hora en un entierro en Sincelejo. Finalmente, el mismo informe de la Policía Judicial lo exoneraba desde el 16 de noviembre de 1995”, añadió.

La molestia de la familia Gómez con el traslado de la investigación a la JEP

La decisión de trasladar el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado rechazo entre los familiares del abogado constituyente. La familia sostiene que esa jurisdicción no tiene competencia sobre este tipo de crímenes y que, con ello, se busca frenar el avance de la justicia ordinaria. “La autoincriminación de las Farc es un montaje propiciado y avalado por Piedad Córdoba y respaldado por Ernesto Samper, Juan Manuel Santos y el secretariado de las Farc. No hay ni una sola evidencia real que sustente su participación. Los mismos miembros del secretariado han rechazado tener conocimiento o responsabilidad. Solo alias ‘Tornillo’ se echó al hombro ese muerto”, señaló. Gómez agregó que las pruebas del proceso demuestran lo contrario. “En los computadores del ‘Mono Jojoy’, que son prueba judicial, se acreditaba que no sabía quién había matado a Álvaro Gómez y daba la orden a ‘Tornillo’ de averiguar quién lo había hecho. Es decir, hay evidencia concreta de que las FARC nunca tuvieron nada que ver en este homicidio”, insistió. Para el abogado, las declaraciones de los exmiembros de la guerrilla carecen de sustento. “La justificación que han dado para ese supuesto aporte de verdad es completamente ridícula. Dicen que fue por un discurso de 1962, cuando todos sabemos que las FARC siempre han reivindicado los actos terroristas que cometen, precisamente porque son su forma de expresión política”, dijo. Por esa razón, la familia Gómez presentó recursos ante la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP, con la intención de que el caso regrese a la justicia ordinaria. “Hemos presentado los recursos contra esta decisión y estamos a la espera de que la JEP no se tarde otros cinco años congelando las investigaciones”, afirmó.