En múltiples audiencias pidieron perdón a las víctimas y expresaron su compromiso de reparación. La JEP resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 133 comparecientes de la fuerza pública que no fueron seleccionados como máximos responsables en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en Norte de Santander, entre 1999 y 2008. Estos comparecientes recibieron el beneficio de renuncia a la persecución penal. “Los 133 comparecientes cumplieron los requisitos que les exige el régimen de condicionalidad de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada que supere lo conocido en la justicia ordinaria; reconocer su responsabilidad por los hechos en los que hayan participado; concertar medidas de contribución a la reparación con las víctimas y comprometerse con la no repetición”, señaló la JEP. El beneficio de la renuncia a la persecución penal consiste en la eliminación de la acción penal y disciplinaria, por lo que los procesos en contra de los 133 comparecientes de la fuerza pública deberán ser archivados. Este proceso no sancionatorio va dirigido a aquellos comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables, es decir, que no tuvieron un rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales determinados por la JEP. A la fecha, la JEP ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 417 comparecientes de la fuerza pública, de los cuales 415 estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto, uno en delitos menores y uno al cual le fue negada. “La Subsala determinó que las conductas en las que incurrieron estos comparecientes corresponden al crimen de guerra de homicidio en persona protegida y a los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”, afirmó el comunicado de la JEP. En Catatumbo se configuraron dos modalidades en el patrón macrocriminal de presentar falsas bajas en combate: primero, el señalamiento de habitantes de la región de ser supuestos auxiliadores o colaboradores de la guerrilla a partir de información falsa; y, segundo, el asesinato de hombres jóvenes en condición de vulnerabilidad, quienes eran trasladados con engaños desde regiones apartadas como Soacha (Cundinamarca) hasta Norte de Santander para hacerlos pasar como supuestos guerrilleros dados de baja en combate. Entre los hechos documentados por la Subsala Catatumbo está el asesinato de Héctor Antonio Rubio Álvarez, un campesino de la región de Catatumbo y miembro de la junta de acción comunal de la vereda de Islitas, en Hacarí (Norte de Santander); el 13 de julio del 2007, miembros del Grupo Especial ‘Chacal 3’, del Batallón de Contraguerrilla No. 96, de la BRIM 15, lo presentaron como supuesto explosivista del Frente 33 de las Farc-EP. Asimismo, el 6 de junio de 2006, en la vereda San José de Bajial de San Calixto (Norte de Santander), integrantes del Batallón de Contraguerrilla No. 95 asesinaron a José Giovanni Pérez Ortiz y a José Guber López, para presentarlos falsamente como guerrilleros muertos en combate. En cuanto a hechos que involucraron a comparecientes que integraban el BISAN, está el asesinato de Diomar Ángel Ortiz Ortiz, un habitante de la región que fue falsamente señalado como supuesto miembro de la guerrilla por informantes del Ejército. El 3 de junio de 2007, un grupo de soldados se dirigió a la casa de Ortiz y lo extrajeron con la excusa de verificar si tenía antecedentes. Luego, lo trasladaron a la parte alta de la vereda Curasica, en La Playa de Belén (Norte de Santander); allí lo retuvieron hasta horas de la noche cuando le dijeron que bajara a la carretera donde un vehículo lo trasladaría hasta Ocaña; fue entonces que dispararon contra la víctima para asesinarla y presentarla falsamente como baja en combate. En la modalidad de jóvenes engañados y trasladados hasta Catatumbo para asesinarlos y presentarlos como guerrilleros, están los asesinatos de Carlos Mauricio Nova Vega, Rafael Andrés Plata y una persona que permanece sin ser identificada. El 25 de agosto de 2008, las víctimas fueron abordadas en el Parque Centenario de Bucaramanga (Santander) por el civil Alexander Carretero Díaz, quien les hizo una falsa oferta de trabajo, les quitó sus documentos de identificación y los trasladó hasta Ocaña (Norte de Santander); allí los entregó a miembros del BISAN para asesinarlos y presentarlos como supuestas bajas en combate, en un potrero cercano a cultivos de coca y caña, en la vereda Islitas, de Hacarí (Norte de Santander). “Los aportes de verdad también permitieron ubicar mandos superiores involucrados en estas conductas e impulsar la búsqueda de personas desaparecidas”, dijo la JEP. En el marco de las medidas restaurativas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó la iniciativa ‘Catatumbo herido: desde el dolor hacia la reconciliación’, un proyecto que recoge el compromiso de los comparecientes de aportar a la memoria y reparación simbólica de las comunidades afectadas. La subsala subrayó que las medidas de reparación y los aportes realizados por los comparecientes han tenido una dimensión restaurativa real, al involucrar a las víctimas y a sus familias en escenarios de encuentro y reconocimiento. Sin embargo, dejó claro que los comparecientes deben cumplir con las medidas restaurativas acordadas con las víctimas en un plazo máximo de dos meses.