El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al revelar una cifra clave sobre la situación de los cultivos ilícitos en Colombia. Según el mandatario, las áreas sembradas con hoja de coca aumentaron un 3 % en 2024, alcanzando un total de 262.000 hectáreas en todo el territorio nacional. El anuncio llamó la atención, pues el presidente se adelantó a la publicación oficial del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entidad encargada de entregar cada año las cifras consolidadas sobre cultivos ilícitos en el país. Petro aseguró también que dentro de esas 262.000 hectáreas, existen 80.000 que están abandonadas desde hace más de tres años y 22.000 en proceso de sustitución hacia cultivos lícitos. Por esa razón, el jefe de Estado considera que estas áreas no deberían contarse dentro del total nacional. “Solo aumentó 3 %, pero revisamos que no se cometa el mismo error del 2023. Hay que poner las respectivas productividades por zonas y diferenciar lo que los mapas muestran”, explicó el mandatario. Según él, las zonas activas o “enclaves cocaleros” persisten principalmente por el aumento del consumo de cocaína en Europa, el Cono Sur y Australia, mientras que algunas áreas de la Amazonía habrían sido abandonadas por la caída del consumo en Estados Unidos debido al auge del fentanilo. Sin embargo, la declaración del presidente desató una fuerte controversia entre expertos y analistas. Fuentes del propio Gobierno confirmaron a La FM que la cifra divulgada por Petro corresponde a una estimación interna y que “aún se está analizando” para establecer si coincide con los datos que próximamente publicará la UNODC. Un debate abierto El anuncio de Petro no solo se adelantó al reporte oficial, sino que también reavivó el debate sobre la metodología que utiliza la ONU para medir los cultivos ilícitos en Colombia. Desde 1999, la UNODC aplica el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), un programa técnico que combina imágenes satelitales con trabajo de campo para calcular tanto las áreas sembradas con hoja de coca como el potencial de producción de cocaína. El economista Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y exdirector del Observatorio de Drogas, señaló que el presidente podría haber tenido acceso anticipado al informe, pero advirtió que algunos de sus comentarios son incorrectos. “Es posible que el presidente conozca el dato y por eso hable de ese 3 o 3,5 %. Pero lo que no es cierto es que SIMCI incluya dentro de las 262.000 hectáreas las 80.000 que él dice están abandonadas. Eso no se contabiliza”, explicó Mejía. El experto defendió la rigurosidad de la metodología de Naciones Unidas y recordó que nunca se han contado las hectáreas abandonadas dentro de los totales oficiales. “SIMCI lleva más de 20 años haciendo esta medición. No es perfecta, pero sí la más precisa que tenemos. Cuestionarla sin evidencia es riesgoso, porque erosiona la credibilidad de una fuente históricamente confiable”, agregó. “Malas noticias disfrazadas de porcentajes” En una posición más crítica, el economista y politólogo Daniel Rico advirtió que, más allá del porcentaje, el dato refleja una situación preocupante. “Esto son malas noticias disfrazadas de porcentajes. Lo que realmente significa es que Colombia cerró 2024 con el número más alto de hectáreas sembradas con coca en su historia”, sostuvo. Rico cuestionó que el Gobierno intente relativizar el problema mediante tecnicismos o supuestos procesos de sustitución. “No hay evidencia de que existan 80.000 hectáreas abandonadas ni de que 22.000 estén en proceso de sustitución. Son afirmaciones sin respaldo. Lo que sí sabemos es que los cultivos y la producción siguen en aumento, lo que demuestra la falta de contundencia en la lucha contra el narcotráfico”, añadió. También recordó que los informes de la UNODC, que normalmente se publican entre junio y julio, han sufrido retrasos este año, lo que, según él, ha facilitado la difusión de información confusa. Una realidad que preocupa Colombia sigue siendo el principal productor de hoja de coca del mundo, con una tendencia al alza que preocupa a la comunidad internacional. Esta situación, de hecho, fue una de las razones por las que Estados Unidos decidió descertificar al país en materia de lucha antidrogas. A la espera del informe oficial de la ONU, el país enfrenta un panorama incierto: un leve aumento porcentual que, en la práctica, representa un nuevo récord de cultivos ilícitos y una discusión abierta sobre la eficacia de las políticas del Gobierno frente al narcotráfico. /LaFm