El Magdalena junto con los demás territorios del Caribe colombiano, fueron objetos de un análisis de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Corporación Caribe Afirmativo, a través de una ‘Mesa de Seguridad y protección para la garantía de los derechos de personas LGBTIQ+ en el Caribe colombiano’. Lo anterior busca disminuir los impactos de las violencias por prejuicios y promover estrategias institucionales para la seguridad y protección ante el aumento de violencias hacia esta población LGBTIQ+. La realización de este espacio surge en respuesta a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, quien alertó en 2024 que más del 70 % del territorio nacional se encuentra bajo influencia de estructuras armadas ilegales, en este contexto de violencia generalizado se incluye a los cinco departamentos de la región Caribe: La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba; donde se han consolidado dinámicas de control territorial, extorsión, desplazamientos y amenazas, afectando de forma grave la vida y seguridad de las comunidades, aumentando los riesgos para liderazgos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y personas LGBTIQ+. La región caribe ha sido escenario de diversas manifestaciones de violencias, como panfletos con mensajes de odio, amenazas directas contra personas LGBTIQ+, homicidios selectivos y restricciones a la movilidad impuestas por estructuras armadas que, bajo la lógica de “limpieza social”, imposición de normas de comportamiento que buscan imponer órdenes paralelos. Este patrón evidencia una violencia sistemática y discriminatoria en contra de la población LGBTIQ+ que se suma a los impactos estructurales del conflicto armado. El espacio reafirma la necesidad que tiene la población LGBTIQ+ a tener respuestas integrales articuladas y coordinadas que fortalezcan la presencia y oferta institucional. Igualmente, a que se promueva la participación de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género, la garantía de no repetición de estas violencias y acceso a la justicia en condiciones de dignidad y respeto de sus derechos.