La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el caso de tres altos oficiales del Ejército que no reconocieron su responsabilidad en la política de “conteo de cuerpos” en Antioquia. Los implicados son el mayor general (r) Juan Pablo Forero Tascón y los teniente coroneles (r) Jairo Bocanegra De La Torre y Édgar Emilio Ávila Doria, antiguos comandantes de la IV Brigada del Ejército. La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento de Verdad, que actúa como la fiscalía de la JEP, luego de que los oficiales rechazaran la imputación por liderar e impulsar la política de facto del “conteo de cuerpos” en la jurisdicción bajo su mando entre 2004 y 2007. La Jurisdicción estableció que los tres oficiales contribuyeron a la configuración de un patrón macrocriminal en el que al menos 434 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como bajas en combate. El Tribunal fundamentó la orden en el hecho de que los oficiales no reconocieron su responsabilidad "pese a la evidencia que demostró los riesgos probados y conocidos que esta política representó para la población civil". Su participación resultó esencial para la consolidación de las modalidades criminales, ya que presionaron a sus subordinados para aumentar el reporte de muertos en combate; desestimaron el valor de otros resultados operacionales distintos a las bajas; y adoptaron una actitud permisiva frente a las irregularidades. El mayor Forero Tascón negó su responsabilidad tras haber estado al mando del Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR) entre 2004 y 2005. Durante su comandancia se cometieron 16 hechos que dejaron 26 víctimas asesinadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. El teniente coronel (r) Bocanegra de la Torre negó su responsabilidad pese a estar vinculado a 16 hechos, con 18 víctimas, mientras estuvo al mando del Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP). Por su parte, el teniente coronel (r) Ávila Doria, quien también asumió el mando del BIOSP, pero entre 2005 y 2007, fue remitido a la UIA tras no haber respondido a los cargos imputados. Durante su periodo de mando se documentaron 36 hechos, que dejaron 65 víctimas asesinadas, de las cuales 26 fueron desaparecidas de manera forzada. La UIA deberá decidir si acusa a los tres ex oficiales ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal para la Paz, donde el caso seguirá por vía adversarial. De ser hallados culpables, los militares se podrían enfrentar a penas de hasta 20 años de cárcel. Esta decisión se da en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. En este mismo subcaso, en el que se imputaron crímenes de guerra y de lesa humanidad a 50 comparecientes por hechos ocurridos entre 2002 y 2007, 42 ya reconocieron su responsabilidad y se preparan para la Audiencia de Reconocimiento de Verdad. En tanto que los tres oficiales remitidos a la UIA, al igual que el general (r) Mario Montoya Uribe, serán investigados y juzgados por la vía adversarial. Antioquia concentró el 25,19% de todas las muertes presentadas ilegalmente como bajas en combate a nivel nacional, siendo la IV Brigada responsable del 73% de los casos en ese departamento entre 2000 y 2013, según la JEP. BOGOTÁ, (Colprensa).