La senadora del Centro Democrático presentó demanda de nulidad contra la resolución del CNE que autorizó la escisión del grupo de Pizarro del MAIS, y fundó esa nueva colectividad. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado tumbar la personería jurídica del partido recién creado por la senadora María José Pizarro: ‘Progresistas’. Dicha colectividad nació a la luz el pasado mes de septiembre luego de que el CNE autorizara la separación de una parte del partido MAIS, liderada por María José Pizarro y el representante David Racero, quien también aparece como representante legal de Progresistas. En la demanda de Valencia, conocida por W Radio, se expone que dicha escisión es ilegal, debido a que se autorizó aun cuando el partido que la permitió, el MAIS, afronta investigaciones actualmente por irregularidades en los gastos de campaña de candidatos avalados para elecciones regionales del 2023, por lo cual no se podía autorizar fusiones o divisiones. Para sustentar la argumentación, la congresista del uribismo acudió a sentencias de la Corte Constitucional, decisiones propias del CNE, así como la Ley Estatutaria de Partidos, que han limitado las condiciones para autorizar ese tipo de procedimientos. “En este sentido, la Corte advirtió que permitir la disolución o la escisión en medio de un proceso sancionatorio equivaldría a un fraude a la ley, pues posibilitaría que las organizaciones políticas burlaran el régimen disciplinario y eludieran las consecuencias jurídicas de las investigaciones en curso”, sostuvo Valencia. Además, Valencia Laserna le pidió al Consejo de Estado como medida cautelar que suspenda de inmediato la vigencia de la resolución del CNE que entregó la personería jurídica de Progresistas. “En el presente caso, procede la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 09111 del 3 de septiembre de 2025 del Consejo Nacional Electoral, por cuanto reconoció la personería jurídica al partido político Progresistas existiendo procesos sancionatorios en trámite, contraviniendo lo dispuesto”, argumentó el abogado Pablo Felipe Gutiérrez, apoderado de Valencia. De acuerdo con la demanda, el CNE al reconocer “expresamente en sus consideraciones la existencia de procesos sancionatorios contra el MAIS, quebrantó de manera manifiesta el principio de legalidad y configuró la causal de nulidad prevista”.