La Defensoría del Pueblo rechazó de manera categórica el anuncio del ELN de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada; y de la Policía Jordi Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia, actualmente secuestrados en el departamento de Arauca. "Las personas secuestradas en este caso son civiles pues, aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no son combatientes, no pertenecen a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Adicionalmente, la libertad fue condicionada a un llamado “canje humanitario”. Sin embargo, el deber de liberar a las personas secuestradas es inmediato y debe ser incondicionado", expresó en un comunicado la entidad. Acto seguido la entidad recordó al ELN que el principio de humanidad es la piedra angular del Derecho Internacional Humanitario y ningún grupo armado puede justificar sus actos con base en razones políticas, militares o ideológicas cuando estos implican violación a los máximos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y el DIH. "Por tanto, la Defensoría exige la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios, así como el cese absoluto de cualquier amenaza, juicio o trato degradante en su contra. De igual forma, la Defensoría insta al Gobierno Nacional, al Consejero Comisionado de Paz y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación pronta", concluyó la entidad. Horas antes, la Fiscalía también exigió la libertad inmediata e incondicional de los funcionarios secuestrados desde el pasado 8 de agosto y rechazó que se condicione la libertad de sus servidores a un canje, "como si se tratara de fichas de cambio”. La Fiscalía recordó que los dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) son “funcionarios judiciales” adscritos a la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, de manera que están encargados de “acompañar labores de protección y asistencia a víctimas, testigos e intervinientes en actuaciones penales, en el marco de la función de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables de infringir la ley penal”. En un mensaje publicado más temprano, el grupo rebelde dijo que “agotadas las gestiones para una solución amigable y negociada con el Gobierno y la Fiscalía, hemos resuelto: primero, los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación; el patrullero Jordi Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia Dijin de Bogotá, pasarán a un juicio revolucionario”. Añadió que los secuestrados una vez sometidos al juicio revolucionario “podrán recibir penas de prisión de tres a siete años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar” y al advertir que “tan pronto se realice dicho juicio se informará a la opinión pública los resultados”. /Colprensa