«No hay sustento en demanda de antiguos dueños de Electricaribe»

La demanda por 1.616 millones de dólares  que impuso la compañía Gas Natural Fenosa en contra del Estado colombiano generó varias reacciones en el país.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas dijo que la acción judicial emprendida por el grupo español Gas Natural Fenosa antiguos dueños de Electricaribe no tenía ningún tipo de sustento.

El Ministro aseguró que Colombia tiene los argumentos suficientes para demostrar que esta acción fue la adecuada por la mala prestación del servicio por parte de la compañía.

«Electricaribe se intervino con sobradas y justas razones, en particular por el pésimo servicio que se estaba prestando a los más de 20 millones de usuarios en las Costa Caribe colombiana», dijo Cárdenas.

El jefe de la cartera agregó que «el Gobierno y la Superintendencia tenían sobradas razones para intervenir dada la deficiencia en la calidad de la prestación del servicio y los indicadores que mostraban que bajo los parámetros que establece la ley había toda la justificación para intervenir».

La compañía española Gas Natural Fenosa decidió ampliar la demanda al Estado colombiano de 1.300 millones de dólares a 1.626 millones de dólares. Dicho proceso es por la intervención que adelantó el Gobierno nacional contra Electricaribe, una de las empresas de la multinacional ibérica.

La pretensión económica ya fue presentada en el marco de la demanda que instauró ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral).

La demanda fue interpuesta el 15 de junio, el último día establecido para presentarla. Con anterioridad la empresa española, que ahora se llama Naturgy, le había pedido al Estado un plazo adicional de seis meses para presentar la queja, pero el Gobierno nacional no aceptó. Ahora Colombia tiene hasta noviembre de este año para presentar los argumentos jurídicos.

Electricaribe fue intervenida en 2016 por el gobierno de Santos, proceso adelantado por la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, y ante los incumplimientos en la prestación de servicios y los problemas financieros de la empresa.

ARGUMENTOS

El argumento de la empresa española ha sido que Colombia expropió a su compañía. Ante esta situación los directivos de Gas Natural se enfocaron en el tratado de la Uncitral y sería definido por la Corte de Arbitraje de La Haya.

La empresa de suministro de energía tenía un 85% de participación de Gas Natural Fenosa. Luego de cuatro meses de negociaciones infructuosas con la multinacional española, el 14 de marzo de 2017 el gobierno anunció la liquidación de la sociedad.

Días después, Gas Natural Fenosa presentó otra demanda ante la ONU asegurando que fue objeto de “hostigamiento” uno que, en su opinión, ha realizado el Gobierno nacional “sobre un inversor internacional y las personas a su servicio”, y antes también lo hizo contra otros organismos.

PROCESO

Tras concluir el proceso de arreglo directo entre las partes, se procedió a adelantar los alegatos correspondientes en el litigio que se viene desarrollando en el tribunal  internacional.

Con la designación de los jurados independientes por parte del Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas ahora se espera el fallo definitivo sobre la demanda en contra del país.

En su momento, Gas Natural Fenosa informó que había efectuado inversiones del orden de 255 millones de euros en Electricaribe para garantizar la prestación del servicio en los departamentos de la Costa Caribe.

Sobre la demanda, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dijo que es necesario unificar la posición del gobierno respecto al tema y que apoyará las acciones que emprenda el Gobierno nacional.

El mandatario departamental defendió también la intervención que adelanta hace más de un año el Ejecutivo. Agregó que “es el Gobierno nacional, quien determinará las acciones a seguir, ante la demanda contra el Estado colombiano, pero los gobernadores apoyarán las decisiones que se adopten para responder”.

“La intervención permitió que se redujera el número de horas sin servicio de luz, pero se hacen necesario recursos para invertir y mejorar las redes e infraestructura en general”, precisó.

REACCIONES

En opinión del senador Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) la demanda al Estado colombiano es como si los “pájaros le estuvieran tirando a las escopetas”.

“Son unos cínicos, unos descarados. Además de toda la afectación que le han hecho a la Costa en materia de competitividad y de calidad de vida para los costeños, nos demandan, esto es increíble, es  el mundo al revés. Creo que al presidente electo Iván Duque, le toca ponerse los pantalones en este tema, fortalecer la Agencia Jurídica de defensa del Estado, contrademandar (…) Por supuesto que es un tema que preocupa, pero que hay que manejarlo con toda la altura del caso”.

Por su parte, el senador José David Name (Partido de la U) considera que este es un hecho más lamentable de parte de Unión Fenosa, nunca prestaron un buen servicio, nunca hicieron las inversiones, pero el Gobierno nacional por la falta de decisión y de compromiso de solucionar definitivamente el problema eléctrico en la región Caribe le deja el problema al nuevo gobierno, que tendrá que defender a la nación y aparte hacer las inversiones necesarias para que en la Costa Caribe no tengamos un apagón en los próximos meses.

El senador Carlos Meisel (Centro Democrático) dice que la situación es compleja y que para él, como usuario, esta demanda le parece “ridícula”.

 “Es importante resaltar que los argumentos jurídicos que exponen van a tener una aceptación en cualquier tribunal internacional. La mejor salida de este problema es consensuar  una solución en la cual el Gobierno colombiano y la empresa que suministra el servicio de energía lleguen a un acuerdo”.

El senador Efraín Cepeda, del partido Conservador, dice que en caso de producirse esta demanda la calificaría como “temeraria”, está basada en una supuesta “expropiación” que es absolutamente falsa.

“Lo que ha habido es una intervención, de acuerdo con los parámetros de la ley colombiana, y por supuesto cuando ellos ingresaron a ser operadores, obviamente aceptaban la normatividad jurídica colombiana, la cual violaron porque pusieron en riesgo la estabilidad de la energía eléctrica del Gobierno colombiano”, dijo.

Considera el senador Conservador que es el Gobierno nacional, quien debe demandar a Gas Natural Fenosa por los daños y perjuicios que le ha acarreado al empleo de la región Caribe y al desarrollo de esa importante zona del país.

MÁS PLATA PARA ELECTRICARIBE

Para atender las necesidades que garanticen medianamente la operación durante el 2018, se requiere contar con los recursos aprobados en el documento Conpes de noviembre de 2017 por $320 mil millones, de los cuales $195 mil millones son para garantías y $125 mil millones para inversiones en infraestructura y tecnología.

Para el 2019, el gobierno anunció la asignación de recursos por $735 mil millones amparados en un nuevo documento Conpes que se destinarán para inversiones bajo el nuevo marco tarifario, que sin duda impactará positivamente en la calidad del servicio. Con esos apoyos  se podrá avanzar en la implementación de la solución estructural sin los afanes de escasez de materiales, sin procesos de limitación de suministro de energía y sin los problemas en la logística para operar.

El proceso para la solución estructural, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, empezará en este mes de julio y a partir de allí se conocerá el interés del mercado para operar la empresa y  hacer las grandes inversiones que se requieren con urgencia.