El exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, condenado por su participación en el llamado Cartel de la Toga, se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales en el departamento del Chocó. La diligencia fue realizada ante agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes posteriormente trasladaron al excongresista a Bogotá para hacer efectiva la orden de captura emitida en su contra.

La Corte Suprema de Justicia había dejado en firme la sentencia de cuatro años y un día de prisión contra Córdoba Manyoma, hallado responsable como coautor impropio del delito de cohecho por dar u ofrecer. El fallo ratifica su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción judicial del país, en el que magistrados y abogados de alto nivel manipularon procesos en favor de congresistas y funcionarios a cambio de millonarios sobornos.

Un entramado judicial al descubierto

Según el expediente, Nilton Córdoba ofreció 800 millones de pesos con el propósito de obtener beneficios procesales en al menos cuatro casos que cursaban en su contra ante la Corte Suprema. Su nombre apareció en las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien reveló la existencia de una red de intermediación ilegal entre congresistas y magistrados.

De acuerdo con los testimonios recabados por la Corte, Córdoba habría sido recomendado por el entonces senador Hernán Andrade y el abogado Luis Ignacio Lyons, quienes lo habrían vinculado con el grupo de juristas y exmagistrados que operaban desde un despacho privado conocido como “La Oficina”.

La red que sacudió la justicia colombiana

El Cartel de la Toga fue destapado en 2017 tras una investigación de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos), que terminó revelando una red de corrupción judicial al interior del alto tribunal. La organización era presuntamente liderada por los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos, señalados de cobrar sumas millonarias a congresistas y políticos a cambio de manipular decisiones judiciales.

El caso, que estremeció la credibilidad del sistema judicial colombiano, dejó al descubierto cómo se desviaban procesos penales en la Corte Suprema mediante la compra de fallos, la filtración de información reservada y la manipulación de expedientes a conveniencia de los implicados.

Con su entrega, Nilton Córdoba Manyoma se convierte en uno de los pocos excongresistas condenados que acepta cumplir su pena dentro de este entramado judicial. Su caso simboliza uno de los episodios más graves de corrupción en la historia reciente del país y reaviva el debate sobre la necesidad de reformas profundas en la justicia colombiana.