El ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseveró este miércoles que se enfrentan a grupos armados tanto de  como de Colombia en la lucha contra el tráfico de combustible, una de las razones esgrimidas por el Gobierno para eliminar el subsidio al diésel, lo que ha provocado protestas indígenas focalizadas, que llevan ya 17 días. El Gobierno asevera que de la subvención estatal al diésel se beneficiaban especialmente grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, tráfico de combustibles y minería ilegal. Loffredo comentó que el tráfico de combustibles es “la tercera amenaza para el Estado ecuatoriano” y abundó que, en lo que va del año, han incautado más de un millón de galones de combustible (más de 3,7 millones de litros), provocando una millonaria afectación a los “grupos armados organizados que trafican” con el producto. Cifró en 134.000 las operaciones de protección hidrocarburífera realizadas y aseguró que tienen “bien identificados” a los grupos involucrados: “No solamente son grupos armados organizados nacionales, también son grupos armados irregulares de Colombia”. “Los grupos que tienen mayor presencia en el tráfico combustibles son los Choneros, los Lobos, el Grupo Oliver Sinisterra, los Comandos de la Frontera (disidentes de la exguerrilla de las FARC), el ELN y los Latin Kings, son contra todos ellos contra los que nos estamos enfrentando para tratar de erradicar este ilícito”, detalló en la televisión Teleamazonass.

Bases extranjeras

Dentro de la lucha contra el crimen organizado, Loffredo destacó la importancia del apoyo internacional al comentar sobre la posibilidad de que se instalen en Ecuador bases militares extranjeras, un asunto sobre el que se pronunciarán los ecuatorianos en un referendo el próximo 16 de noviembre. “Una y mil veces sí necesitamos una base militar”, extranjera, dijo al recordar que cuando Estados Unidos tenía una base en Manta (provincia de Manabí), había “tres rutas de narcotráfico. Cuando la base se fue se triplicaron, hoy tenemos entre 8 y 9”, lo que significa “más carteles de la droga, más grupos armados organizados, más violencia y menos paz para los ecuatorianos”, dijo. Estados Unidos salió de la base de Manta en 2009 tras incluir en la Constitución redactada en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la prohibición del asentamiento de bases militares extranjeras en territorio nacional. Ante aseveraciones de opositores de que la instalación de bases extranjeras afectaría la soberanía de Ecuador, en ministro dijo que es “todo lo contrario: esto va a recuperar soberanía porque si tengo una súper potencia que me ayuda y me hace más efectivo en el combate al narcotráfico y llevo esta amenaza a su menor expresión, estamos recuperando soberanía”. “El que tengamos mejores formas de vigilar nuestro espacio marítimo, nuestras fronteras, nuestro territorio de minería ilegal y de esa manera ser más efectivos en el combate al narcotráfico, eso es soberanía”, subrayó.

Ataque a caravana

La eliminación del subsidio al diésel provocó protestas indígenas, que comenzaron el pasado 22 de septiembre y que han afectado de forma esporádica a unas seis de las 24 provincias del país, con mayor afectación en la de Imbabura, que está bloqueada. En medio de las protestas, manifestantes en la provincia del Cañar atacaron con piedras el martes la caravana del presidente, Daniel Noboa, tras lo cual el Gobierno denunció un presunto intento de asesinato al jefe de Estado. “El nivel de agresión con el que se atacó la caravana, denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario”, dijo Loffredo.

• Le puede interesar: Petro dice que Armada colombiana sabe incautar droga sin “matar a ninguna persona. No son asesinos”

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocante de las protestas, tildó de “infundadas” las acusaciones y apuntó que el ingreso de la caravana presidencial “en una zona de resistencia” en la provincia de Cañar -donde Noboa entregaba beneficios a la población- “lejos de ser un accidente, constituye una provocación del Gobierno” para “justificar la represión”