En medio del luto institucional por los recientes ataques contra sus funcionarios, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad encaminadas a enfrentar la grave crisis que atraviesa el cuerpo de custodia y vigilancia. Las determinaciones se dieron a conocer un día después del asesinato del dragoneante Jimmy Flores, ocurrido en el suroccidente de Cali, mientras regresaba a su vivienda tras culminar su turno.

Desde el pasado 3 de octubre, el país ha sido testigo de una serie de atentados dirigidos contra guardianes del INPEC, en una ofensiva que, según las primeras hipótesis de la Fiscalía General de la Nación y del propio Instituto, podría estar relacionada con los operativos contra redes de extorsión dentro de las cárceles. No obstante, las autoridades no descartan que existan vínculos con casos de corrupción interna.

Ante el recrudecimiento de los hechos, el director general del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, convocó reuniones de emergencia con altos mandos del Gobierno y de las Fuerzas Militares para adoptar acciones de choque. Entre las medidas más destacadas figura la autorización para que los dragoneantes adquieran armas de uso personal, con el fin de protegerse fuera de sus horarios laborales.

Gutiérrez explicó que la entidad ya solicitó al Ministerio de Defensa y al Instituto de la Industria Militar (Indumil) la expedición de permisos especiales de porte, argumentando el alto nivel de riesgo al que se exponen los funcionarios. En respuesta, Indumil organizará una feria exclusiva para el personal penitenciario, donde se ofrecerán descuentos, facilidades de compra y procesos de trámite más ágiles. Posteriormente, el INPEC y las Fuerzas Militares impartirán capacitación sobre el uso responsable de estas armas.

“Los miembros de la Fuerza Pública pueden portar un arma personal, pero los funcionarios del INPEC no contaban con esa posibilidad. Por eso pedimos que se les reconozca este derecho, de acuerdo con su nivel de amenaza”, señaló el coronel Gutiérrez.

Cada funcionario podrá gestionar su salvoconducto y adquirir el arma con recursos propios, mientras continúan otras medidas complementarias, como ajustes en los horarios de turno y la suspensión temporal de visitas en los establecimientos penitenciarios de Bogotá y el Valle del Cauca. Esta última restricción se mantendrá durante el fin de semana y será reevaluada el lunes 13 de octubre.

Por su parte, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ya adelanta licitaciones para la compra de camionetas blindadas, chalecos antibalas y camisetas balísticas, con el propósito de fortalecer la protección del personal antes del 30 de noviembre.

El director Gutiérrez reconoció que estas acciones representan apenas un alivio parcial dentro de un panorama más amplio de inseguridad y precariedad estructural. Durante 2024, el INPEC recibió más de 500 amenazas contra sus funcionarios, y en lo corrido de 2025 ya se registran 270 casos.

“Acá las medidas nunca van a ser suficientes”, enfatizó el oficial. “La crisis del sistema penitenciario no lleva uno ni dos años; es un problema histórico que requiere soluciones integrales y más recursos”.

Actualmente, los más de 16.000 miembros del INPEC se mantienen en alistamiento de segundo grado, es decir, en permanente atención ante cualquier eventualidad. Mientras tanto, la institución insiste en que la seguridad de sus funcionarios debe convertirse en una prioridad nacional, frente a una violencia que sigue cobrando vidas en el corazón del sistema carcelario colombiano.