El diputado dice que se le negó acceso a documentos claves del proceso de elección del Contralor Departamental. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta admitió una acción de tutela interpuesta por el diputado Yohan Alfonso Pinedo Panetta en contra de la Asamblea Departamental del Magdalena, en la que alega la vulneración de su derecho fundamental de petición debido a la presunta falta de transparencia en el proceso de convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental, correspondiente al periodo 2026–2029. La decisión judicial ordena además vincular a la Contraloría del Magdalena y a la Universidad de Medellín institución contratada por la Asamblea para acompañar el concurso y aplicar las pruebas de conocimiento, con el fin de que se pronuncien en un plazo máximo de un día sobre los hechos expuestos en la tutela. El juzgado advirtió que, en caso de no emitir respuesta, se aplicará la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Según el diputado Pinedo, la Mesa Directiva de la Asamblea habría adelantado de manera reservada el proceso de selección, sin socializar los avances con los demás miembros de la corporación. Su cuestionamiento se centra en la Resolución No. 030 del 9 de julio de 2025, mediante la cual se vinculó a la Universidad de Medellín para llevar a cabo el concurso. El diputado reclama acceso a los documentos que respaldaron dicha contratación, entre ellos los estudios previos, el registro presupuestal, la disponibilidad de recursos, el contrato suscrito y los informes de ejecución y pago. En su demanda, Pinedo Panetta solicita al juez ordenar a la Asamblea una respuesta de fondo, clara y congruente en un plazo máximo de 48 horas, que incluya la entrega de la información solicitada. Asegura que la negativa de acceso a estos documentos limita su labor de control político y vulnera el principio de transparencia que debe regir los procesos administrativos de la corporación. Será ahora el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta el encargado de determinar si la Asamblea Departamental incurrió en una vulneración al derecho fundamental de petición del diputado y si hubo irregularidades en la contratación de la Universidad de Medellín para apoyar el proceso de selección del próximo contralor del Magdalena.