Un duro salvamento de voto de la magistrada Cristina Lombana a la acusación contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle advierte sobre presuntas irregularidades, pruebas ilegales y falta de sustento en el proceso que los tiene privados de la libertad por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión de llamar a juicio a los dos congresistas, con ponencia del magistrado Francisco Farfán, recibió reparos de los otros cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quienes presentaron salvamentos de voto, aclaraciones y adiciones al documento. El salvamento de Lombana, revelado por el diario El Tiempo, es el que contiene los cuestionamientos más severos al proceso. Otros magistrados también expresaron sus discrepancias. Misael Rodríguez, por ejemplo, objetó el delito de peculado al señalar que no existen pruebas suficientes de que el dinero, presuntamente pagado por un prestamista, configurara una apropiación de recursos públicos. Por su parte, el magistrado Héctor Javier Alarcón consideró que el delito de cohecho debió calificarse como propio y no impropio, pues la acción por la que habrían sido sobornados era contraria a sus deberes. En su documento, la magistrada Lombana señaló que "la providencia aprobada, no coincidía con el proyecto presentado a la Sala ni con lo efectivamente discutido, en particular respecto de la naturaleza y procedencia de la medida de aseguramiento a imponer". Es decir, explicó que la decisión de enviar a Name y Calle a una cárcel sin la posibilidad de una medida sustitutiva, como la detención domiciliaria, no se debatió en las sesiones de la Corte. "En sentido material, únicamente el ponente decidió rechazar la posibilidad de una medida de aseguramiento sustitutiva o no privativa de la libertad. Los demás miembros de la Sala mayoritaria no contemplaron esa opción", se lee en el salvamento. La magistrada también criticó duramente las pruebas que sustentan la acusación. Advirtió que no era posible admitir documentos aportados por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, porque fueron obtenidos por peritos privados contratados por su defensa y no por peritos oficiales. "Esa información, en gracia de discusión, solo podía servir como elemento orientador de la investigación, mas no como prueba válida", justificó. Además, Lombana advirtió sobre la ilegalidad de la información obtenida de las negociaciones de los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla con la Fiscalía, la cual se usó en la acusación. Explicó que el magistrado ponente solicitó esa información a la Fiscalía, pero esta respondió que era imposible remitirla, ya que la ley prohíbe usarla a menos que las negociaciones concluyan exitosamente. Para Lombana, la prueba obtenida de esas conversaciones "es ilegal". El salvamento de voto reparó en varias lagunas del relato de la acusación. Sobre la presunta entrega de dinero a Iván Name, cuestionó que se sustenta en evidencias aportadas por investigadores privados de la defensa de Olmedo López. En el caso de los 1.000 millones de pesos que Andrés Calle habría recibido en Montería, la magistrada fue enfática: "no se logró determinar ni el origen ni el destino del dinero, ni quiénes lo entregaron o recibieron. Para el efecto solo se contó con el irregular testimonio de Pinilla Álvarez". "Si los procesados han negado sistemáticamente la recepción del dinero, lo mínimo exigible era demostrar su existencia para poderles atribuir ese señalamiento. Esto tampoco se probó", objetó. Finalmente, consideró que no se demostró el propósito del supuesto soborno. "Se asume un supuesto acuerdo entre los procesados y funcionarios del Gobierno para apoyar iniciativas legislativas, pero no existe prueba puntual ni siquiera indirecta de ello". Así fue el presunto soborno, según la acusación Pese a los reparos, la medida de aseguramiento de la Corte detalló minuciosamente las fechas y montos de los presuntos pagos. Según el auto de 183 páginas, el acuerdo para comprar la voluntad de los congresistas se gestó entre septiembre de 2023 y abril de 2024 para favorecer las reformas pensional y de salud. La investigación señaló que Name, entonces presidente del Senado, recibió 3.000 millones de pesos en dos entregas (12 y 13 de octubre de 2023) a través de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, en el Hotel Tequendama de Bogotá. Calle, como presidente de la Cámara, habría recibido 1.000 millones de pesos directamente de Sneyder Pinilla el 14 de octubre de 2023 en un apartamento en Montería. La ruta del dinero, según la Corte, provino de un préstamo del particular Pedro Castro a Pinilla. Dicho préstamo se habría pagado posteriormente con un anticipo del polémico contrato de los carrotanques para La Guajira. La Corte concluyó que los congresistas "conocían que el dinero que se les entregaba y del cual se apropiaban, tenía por lo menos un vínculo mediato, funcional, con el patrimonio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres". /Colprensa