La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) hicieron un llamado este miércoles a los Estados de la región para que dispongan medidas urgentes de prevención, atención y protección para las personas mayores frente a los fenómenos y desastres naturales provocados por el cambio climático. La CIDH reconoció la emergencia climática como una grave amenaza para la vida humana que profundiza vulnerabilidades preexistentes e impacta negativamente el goce de los derechos humanos. En este contexto, el organismo explicó que los Estados deben velar para que los efectos del cambio climático, incluidos los desastres socioambientales, no pongan en riesgo los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de los adultos mayores. Por su parte, Redesca documentó los impactos diferenciados que sufren las personas mayores durante los desastres naturales. En casos de inundaciones, se puso en evidencia la falta de refugios adecuados y accesibles, así como severas limitaciones en el acceso a servicios y tratamientos de salud, que con frecuencia se ven interrumpidos. Asimismo, durante los incendios forestales se informó del impacto desproporcional que la inhalación de humo y la contaminación del aire tienen sobre esta población. Entre las consecuencias se registraron enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de la recurrente falta de agua potable durante el transcurso de estas emergencias. En esta misma línea, la CIDH sostuvo que todos los poderes del Estado, tanto en su esfera de acción interna como internacional, se deben articular para proteger los derechos humanos amenazados por la emergencia climática. La Corte señaló que se debe respetar, garantizar y avanzar de manera progresiva en la protección de los derechos afectados, destinando para ello el máximo de los recursos disponibles para amparar a los grupos que, por su vulnerabilidad, están expuestos a impactos especialmente graves. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores dispone que los países firmantes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad y atender las necesidades de este grupo poblacional en las fases de preparación, prevención, reconstrucción y recuperación frente a emergencias y desastres. La CIDH y Redesca llamaron a los Estados de la región a incorporar un enfoque de derechos humanos en la formulación, implementación y monitoreo de todas las políticas relacionadas con el cambio climático. Este enfoque, explicaron, debe atender de forma particular los impactos sobre las personas mayores como sujetos plenos de derecho, cuyas existencias son dignas y requieren ser protegidas, asegurando que las estrategias de prevención y atención no generen nuevas vulnerabilidades ni exacerben las ya existentes. Según los organismos, la incorporación de las personas mayores en estas políticas es una forma de erradicar el "edadismo" o discriminación por edad, y favorece la toma de conciencia para la revaloración de la vejez y su empoderamiento. Concluyeron que la participación de este grupo en la construcción de políticas y líneas de acción frente al cambio climático es un derecho que los Estados deben garantizar. Finalmente, la CIDH instó a los Estados que aún no lo han hecho a adherirse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En la actualidad, son parte del tratado Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Uruguay. /Colprensa