El exdefensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo Assis se posesionará este miércoles como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en un acto formal que contrasta con la tormenta política y jurídica que desató su elección, marcada por demandas que buscan anularla por vicios de clientelismo y violar la paridad de género, una reconfiguración de fuerzas en el alto tribunal y un duro choque entre el Gobierno y la oposición. La posesión de Camargo se produce mientras su nombramiento enfrenta serios cuestionamientos jurídicos. La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una de las ocho demandas que buscan declarar la nulidad de su elección, tras considerar que existen méritos para evaluar si el proceso vulneró la normativa sobre equidad de género y si estuvo viciado por conflictos de interés. La acción judicial argumenta que, con la llegada de Camargo, la Sala Plena de la Corte quedó conformada con una "sobrerrepresentación" masculina del 66 % frente a un 33 % de mujeres, lo que infringe la ley de cuotas. Las demandas también señalan que, durante su gestión como Defensor del Pueblo, Camargo nombró a familiares de nueve de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron, lo que corresponde al 41 % de esa corporación. Además, se le acusa de haber otorgado contratos a familiares de senadores que respaldaron su elección, como el caso de la senadora conservadora Esperanza Andrade, cuya familia habría recibido contratos por 200 millones de pesos. Según los demandantes, el Senado votó bajo la presunción de que la postulación fue regular, cuando en realidad, afirman, "era el producto de un proceso viciado". El trámite judicial avanza con la notificación a las partes y el estudio de un impedimento presentado por el magistrado Omar Joaquín Barreto, quien reconoció una "estrecha amistad" con Camargo. La elección de Camargo, con 62 votos en el Senado el pasado 3 de septiembre, provocó un terremoto político. El presidente, Gustavo Petro, reaccionó de inmediato y la utilizó como un argumento para insistir en la pertinencia de una reforma constituyente que modifique el sistema de elección de magistrados, al que calificó como una fuente de clientelismo. El mandatario aseguró que el resultado buscaba "devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto". La tensión escaló a un duro cruce de acusaciones con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien había señalado que el Gobierno buscaba "capturar la Corte Constitucional" con la candidata que apoyaba, María Patricia Balanta. Petro respondió vinculando al entorno de Vargas Lleras con el escándalo de corrupción judicial conocido como el "cartel de la toga". La derrota del Ejecutivo en el Senado tuvo consecuencias inmediatas en el gabinete, con la solicitud de renuncia a los ministros de TIC, Trabajo y Comercio, de los partidos Liberal, La U y Alianza Verde, a quienes se les atribuyó no haber garantizado los votos necesarios para Balanta. Con la llegada de Camargo, quien reemplaza a José Fernando Reyes, la Sala Plena no tendrá más cambios hasta 2028. Aunque la percepción inicial es de una derrota para el Gobierno, el mapa de poder es más complejo. El presidente Petro cuenta con dos magistrados de su círculo cercano: Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico, y Héctor Carvajal, su exabogado personal. A ellos se suma en ocasiones Juan Carlos Cortés, de línea liberal progresista, quien ha acompañado tesis del Ejecutivo, aunque también votó por devolver la reforma pensional al Congreso. En la orilla opuesta, se consolida un bloque conservador y crítico con el Gobierno, integrado por el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, la magistrada Paola Meneses y, ahora, Carlos Camargo. Se considera que Lina Marcela Escobar también se alinea frecuentemente con este grupo. En una posición más intermedia se ubican Natalia Ángel y Miguel Polo Rosero. Pese a ser tildados de "petristas" por la oposición, sus votos han sido mixtos. Ángel fue ponente del fallo que tumbó la "expropiación exprés" del Plan Nacional de Desarrollo, y Polo ha sido riguroso desde la sala de seguimiento en salud, exigiendo al Gobierno el recálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Más allá de la coyuntura política, la elección de Camargo generó una alerta desde organizaciones de la sociedad civil. Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas), sostuvo a Colprensa que su llegada no era lo que la Corte necesitaba, ya que se aleja del compromiso con la paridad de género al pasar de una posible conformación de cinco mujeres y cuatro hombres a una de solo tres magistradas y seis magistrados. Para varios juristas, este episodio evidenció un problema más profundo: el sistema de elección de magistrados está "mal pensado". La crítica apunta no solo al Congreso, que realiza la elección, sino también a las altas cortes que proponen las ternas, en este caso, una Corte Suprema de Justicia con evidentes conflictos de interés por los nombramientos que Camargo había hecho desde la Defensoría. Por ello, expertos concluyeron que es pertinente "adelantar una discusión profunda sobre cómo estamos eligiendo a las personas que llegan a la Corte Constitucional", sugiriendo elevar las exigencias y las mayorías para forzar consensos y evitar que el tribunal sea visto más como "un jugador en la agenda política" que como un cuerpo de juristas. /Colprensa