La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la actual conformación del gabinete ministerial, la cual presuntamente no cumple con la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas). La Defensoría recordó que la normativa actual exige la participación mínima del 50% de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio en el país y según la Corte Constitucional cuando el cálculo genera una fracción, este debe resolverse siempre en favor de las mujeres. De tal forma la ley impone que el mínimo exigible es de 10 ministras en los 19 ministerios que integran el Gobierno nacional. “Este asunto administrativo protege el principio de no discriminación. Su incumplimiento es regresivo para la garantía de los derechos de las mujeres, limita su acceso a espacios de poder y decisión, y envía un mensaje contrario a los compromisos internacionales asumidos por Colombia, en cumplimiento de la CEDAW, la declaración y plataforma de Acción de Beijing y la Convención de Belém do Pará, que obliga a la garantía de la participación política efectiva de las mujeres”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado. Las declaraciones de la Defensoría surgen luego del polémico anuncio del nombramiento de Juan Carlos Florián como nuevo ministro de Igualdad. Poco después de su nombramiento Florián indicó que: “la ley de paridad es una ley muy binaria, solamente para que las personas hombres y mujeres puedan acceder a cargos de poder y a cargos importantes como una dignidad de ser ministro. Creo que es importante que Colombia se meta en el debate y que pensemos que las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas”. Frente a esta situación la la Defensoría destacó que si bien la inclusión de otros grupos sociales discriminados como las personas de sexo diversas debe entenderse como un ejercicio positivo de retribución del poder político, no puede desconocer que la paridad de las mujeres constituye un piso mínimo irrenunciable.

DEBATE EN TORNO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

El problema con la ´minitra´ Florián radica en que fue nombrado ministro de Igualdad, pese a que, por Ley de Cuotas, ese lugar debería ocuparlo una mujer. Pero, el funcionario defiende su designación y se mantiene en el puesto bajo el argumento de que es una persona de género fluido, que no se identifica precisamente como mujer y hombre, pero que se llama a sí mismo en femenino. Insiste, incluso, en que lo establecido en la normativa con respecto a la participación política de las mujeres en espacios de decisión es excluyente, porque la Ley de Cuotas es “muy binaria” y no tiene en cuenta a las personas con identidades diversas. En ese sentido, aunque la entidad reconoce la importancia de visibilizar las identidades y expresiones de género en escenarios de poder, aclara que la designación de ministras y ministros debe asegurar la inclusión, sin que la diversidad de orientaciones o identidades permita disminuir la proporción femenina prevista por la ley. “El problema no es que una persona no binaria acceda a altos cargos de poder del Estado, eso es positivo. El problema es que se haga a costa de la representación de las mujeres. La solución no es la disputa de unos pocos cupos entre mujeres y personas no binarias, sino la ampliación de la participación de todas las poblaciones en toda su diversidad, sin desconocer la obligación de paridad”, precisó. Así las cosas, la Defensoría aseguró que se necesita avanzar en políticas públicas sostenidas para la promoción efectiva de la equidad y la eliminación de barreras históricamente presentes en los espacios de decisión del Estado. “La discusión debe darse con rigor técnico, jurídico y político, asegurando el cumplimiento efectivo de los derechos y la consolidación del principio democrático”, explicó.