La Fiscalía General de la Nación pidió investigar a la juez de Barranquilla Amalia Rondón Bohórquez, quien tras no lograr salir favorecida, ordenó suspender de manera provisional el concurso de méritos de la Fiscalía, previsto para este próximo 24 de agosto, que busca proveer alrededor de 4.000 cargos de carrera. El director Ejecutivo de la Fiscalía General, Alejandro Giraldo, anunció que fue impugnada esta decisión que afecta a más de cien mil aspirantes al concurso de méritos y genera una defraudación que asciende a los siete mil millones de pesos. “Si no llegase a revocar, pues tendríamos que suspender la aplicación de la prueba, dejando frustrado el sueño de más de 100 mil colombianos de entrar a la Fiscalía General de la Nación por sus méritos, por su capacidad profesional y además probablemente con un detrimento patrimonial de entre 5 y 7 mil millones de pesos que ha costado la logística para tener todo dispuesto para el próximo domingo aplicar la prueba”, indicó Giraldo. De igual forma, se le solicitó a la juez que se declare impedida con el fin de buscar que sea revocada de manera inmediata esta medida cautelar. “Sí, revisando la información de la juez que toma la decisión encontramos que es una persona que se inscribió al concurso de la Fiscalía General para ser fiscal, para concursar por el cargo de fiscal ante el tribunal”, manifestó el fiscal Alejandro Giraldo. Así mismo, sostuvo: “Lo que se evidencia aquí es que ella tiene un claro conflicto de interés, porque la decisión que está tomando en este proceso también le afecta a ella, como persona natural y como participante en el concurso. Entonces, lo que debía haber hecho ella cuando recibió el caso, en nuestro concepto fue haberse declarado impedido y haber pasado la tutela a otro juez”. Igualmente, señaló que la Fiscalía espera que la Comisión Nacional de Disciplina judicial adelante las investigaciones a que haya lugar. “Sin embargo, no fue así, tomó una decisión, una medida cautelar que no estaba solicitada, suspende el concurso siendo una medida totalmente desproporcionada y eso nos está afectando tanto a la Fiscalía como a los aspirantes como al patrimonio público. Agregó que también se evalúa una eventual denuncia en contra de la juez por la presunta comisión de delitos como prevaricato. /LaFM